La diputada laborista y exministra Tulip Siddiq ha calificado su condena a dos años de prisión en Bangladesh como “profundamente injusta”, después de que un tribunal la declarara culpable en ausencia por cargos de corrupción.
Fue declarada culpable de influir en su tía, la exprimera ministra bangladesí Sheikh Hasina, para obtener un terreno para su familia en las afueras de la capital, Daca, una acusación que ella niega rotundamente.
Siddiq, que reside en Londres y ha rechazado los cargos, es poco probable que cumpla la pena de cárcel.
La diputada laborista dijo que el proceso había sido “defectuoso y absurdo de principio a fin”.
“Estoy absolutamente desconcertada por todo esto; todavía no he tenido ningún contacto de las autoridades bangladesíes, a pesar de que llevan un año y medio difundiendo acusaciones maliciosas sobre mí”, declaró.
“No se me ha enviado ninguna citación, no hay un pliego de cargos, no he tenido correspondencia de ellos. No soy difícil de encontrar, soy parlamentaria”. Dijo que ha contratado abogados en el Reino Unido y Bangladesh.
“Siento que estoy en una pesadilla kafkiana”, añadió. “La única razón por la que sé que me han condenado es porque lo leí en los periódicos. Así que esto es un juicio por los medios, lo cual es profundamente injusto”.
Desde que el régimen de Hasina fue derrocado, los fiscales en Bangladesh han iniciado numerosos casos legales contra la exlíder, sus antiguos colaboradores y familiares.
El juicio contra Siddiq –quien renunció como ministra del Tesoro en enero por la controversia sobre sus vínculos con su tía– se ha estado desarrollando en Daca desde agosto. Siddiq todavía enfrenta varios cargos pendientes.
Los documentos judiciales incluían la afirmación de que Siddiq “forzó e influyó a su tía y a la exprimera ministra Sheikh Hasina usando su poder especial” para obtener un terreno para su madre, hermana y hermano.
Un fiscal de la Comisión Anticorrupción de Bangladesh (ACC) dijo previamente que Siddiq fue juzgada como ciudadana bangladesí, ya que las autoridades obtuvieron su pasaporte, identificación y número de impuestos de Bangladesh.
Los abogados de Siddiq han cuestionado que sea ciudadana bangladesí, diciendo al Financial Times que “nunca ha tenido” una cédula o identificación de votante, y “no ha tenido un pasaporte desde que era niña”.
Fue sentenciada por el juez Rabiul Alam a dos años de prisión y una multa de 100,000 taka bangladesí ($821; £620). Si no paga, se agregarán seis meses a la condena.
Cuando comenzó el juicio, la diputada dijo que los fiscales habían “difundido acusaciones falsas y vejatorias que fueron filtradas a los medios pero nunca me fueron presentadas formalmente por los investigadores”.
Una declaración en su nombre continuó: “He dejado claro desde el principio que no he hecho nada malo y responderé a cualquier evidencia creíble que se me presente. Continuar manchando mi nombre para ganar puntos políticos es infundado y dañino”.
Un portavoz laborista dijo que el partido no podía reconocer el veredicto: “Como se ha informado, prestigiosos profesionales legales han destacado que Tulip Siddiq no ha tenido acceso a un proceso legal justo en este caso y nunca ha sido informada de los detalles de los cargos en su contra, a pesar de repetidas solicitudes hechas a las autoridades bangladesíes a través de su equipo legal. Cualquier persona acusada siempre debe tener derecho a hacer representaciones legales”.
Se entiende que Siddiq no está sujeta a investigación ni a procedimientos disciplinarios del partido, y conserva su membresía en el Partido Laborista y la disciplina de partido en la Cámara de los Comunes.
La semana pasada, un grupo de abogados senior expresó su preocupación al representante de Bangladesh en el Reino Unido sobre cómo se había conducido el juicio.
Los firmantes de esa declaración incluyeron al exsecretario de Justicia Robert Buckland, el exfiscal general Dominic Grieve y Lady Cherie Blair, abogada de derechos humanos y esposa del ex primer ministro Sir Tony Blair.
En una carta informada primero por The Guardian, dijeron que Siddiq no había podido obtener una representación legal adecuada durante el juicio, añadiendo: “Tal proceso es artificial y una forma amañada e injusta de llevar a cabo una acusación”.
El veredicto llega dos semanas después de que Hasina fuera sentenciada a muerte en un juicio separado por su papel en una brutal represión de las protestas que finalmente la obligaron a dejar el cargo en julio de 2024.
Fue declarada culpable de crímenes de lesa humanidad por la muerte de aproximadamente 1,400 personas a manos de la policía. Ese juicio se llevó a cabo en ausencia de Hasina, ya que ha estado en el exilio en India desde su derrocamiento. Ella negó los cargos en su contra.
Siddiq, cuya madre es hermana de la exprimera ministra, aún enfrenta numerosas acusaciones pendientes en Bangladesh. Esto incluye dos procesos judiciales en curso relacionados con las alegaciones centrales del veredicto del lunes.
También se la investiga por la presunta transferencia de un apartamento, ubicado en una zona lucrativa de Dhaka, a su hermana.
Además, Siddiq y su familia han sido investigados por alegaciones de malversación sobre un acuerdo de 3.900 millones de libras en 2013, vinculado a una planta de energía nuclear financiada por Rusia.
La implicada ha negado repetidamente cualquier acto ilegal en relación con estas acusaciones, que se originaron en declaraciones de Bobby Hajjaj, un opositor político de Hasina.
Las autoridades bangladesíes han declarado que estiman que aproximadamente 234.000 millones de dólares fueron apropiados mediante corrupción durante el gobierno de Hasina.
Al responder al último veredicto, la Liga Awami, el partido político que lidera Hasina, lo describió como “totalmente predecible” y “negó enérgicamente” las alegaciones contra la exprima ministra y sus familiares.
“El proceso no supera ninguna prueba razonable de justicia procesal, un punto que ha sido señalado tanto por expertos legales locales como internacionales”, dijo el partido.
Hasina también acusó al poder judicial de Bangladesh de estar controlado por un “gobierno no electo dirigido por los oponentes políticos de la Liga Awami”, concretamente el gobierno interino encabezado por el Dr. Muhammad Yunus.
Antes de que Siddiq renunciara al gobierno británico, el asesor de ética independiente del primer ministro Sir Keir Starmer, Sir Laurie Magnus, dijo que no había encontrado “evidencia de irregularidades” tras una investigación.
No obstante, señaló que era “lamentable” que Siddiq no hubiera estado más atenta a los “posibles riesgos reputacionales” de sus vínculos con Hasina.
Aunque Siddiq siguió insistiendo en que no era culpable de ningún delito, renunció a su cargo de ministra junior para no ser una “distracción” para el gobierno.
El Reino Unido no tiene un tratado de extradición con Bangladesh. Este país está categorizado como 2B, lo que significa que se necesita presentar evidencia clara a abogados y jueces para autorizar cualquier extradición.
Siddiq no fue obligada a regresar a Dhaka para el juicio, a pesar de que las autoridades locales emitieron una orden de arresto en su contra.