La Policía Nacional ha desmantelado una red ilegal de viviendas en Manacor, donde se alquilaban por dinero en efectivo once infraviviendas precarias, carentes de saneamiento, agua corriente y cualquier estándar de seguridad.
Estas llamadas ‘viviendas’, construídas de manera improvisada y sin licencias, fueron descubiertas durante una redada conjunta de la policía y inspectores de vivienda del Govern Balear.
En el interior, los investigadores hallaron inquilinos compartiendo baños comunitarios, rodeados de basura en descomposición, techos a punto de derrumbarse y instalaciones eléctricas peligrosas.
El propietario está acusado de lucrarse con la desesperación, apiñando a inquilinos vulnerables –se cree que muchos de ellos migrantes– en condiciones degradantes y de alto riesgo.
Ahora se enfrenta a una posible multa de 990.000 euros, ya que cada vivienda en mal estado conlleva una sanción de hasta 90.000 euros según la ley balear. Las autoridades han iniciado un procedimiento sancionador, calificando los hechos de “infracción muy grave”.
Este escándalo refleja una oleada de actuaciones recientes en el archipiélago, en las que las autoridades buscan frenar la explotación despiadada de la crisis de vivienda y proteger a quienes no tienen otra opción.
Un portavoz gubernamental declaró que el caso “pone de manifiesto el peor abuso por parte de un casero” y prometió que habrá más actuaciones.
Se ha revelado que en los últimos cinco años, el Govern Balear ha impuesto 108 sanciones por un total de 3,3 millones de euros contra propietarios de ‘viviendas insalubres’.
En febrero, un agente de policía local de Palma recibió una multa récord de 2 millones de euros por gestionar una red de 68 pisos ilegales y trasteros reconvertidos en zonas como Gomila y s’Indioteria, todos anunciados como alojamiento para inmigrantes.
Este caso, la mayor sanción por vivienda jamás impuesta en las islas, descubrió habitaciones diminutas sin ventanas, baños ni luz natural, construidas apresuradamente en sótanos, comercios y trasteros, en clara vulneración de la ley.
El agente irregular fue arrestado por la Policía Nacional después de que una inspección de la consejería de vivienda autonómica destapara el caso.
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