Una importante operación contra viviendas ilegales en suelo rústico protegido de la provincia de Alicante ha resultado en la investigación de 64 personas y 70 inspecciones.
Además de enfrentarse a procesamientos judiciales, los propietarios podrían sufrir el corte de suministros básicos o, incluso, la demolición de sus inmuebles.
Entre los investigados por la Guardia Civil se encuentran tres individuos que actuaban como intermediarios entre los dueños de los terrenos y los potenciales compradores.
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Estos intermediarios adquirían terrenos para su reventa y dividían las áreas en parcelas más pequeñas con el objetivo de obtener mayor benefício económico.
La Operación Urbanitas se puso en marcha hace un año tras varias denuncias de asociaciones vecinales y particulares sobre viviendas ilegales, sumado a irregularidades detectadas por patrullas de la Guardia Civil.
La investigación sacó a la luz infracciones urbanísticas en El Moralet, El Verdegas, La Cañada del Fenollar, La Alcoraya y Fontcalent.
Las inspecciones confirmaron que muchas de las parcelas eran no urbanizables y constituían suelo rústico protegido.
Algunas propiedades fueron construidas en las inmediaciones de cauces fluviales, donde la ley prohíbe expressamente cualquier tipo de edificación.
La investigación de la Guardia Civil ha culminado con la imputación de 39 hombres y 25 mujeres, con edades comprendidas entre los 23 y los 66 años.
A todos ellos se les acusa de infringir la legislación urbanística y, en algunos casos, de falsedad documental y de delitos contra la Hacienda Pública.
Un juzgado de Alicante se encargará ahora del caso, y los detalles de las infracciones urbanísticas también han sido comunicados a los organismos competentes.
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