La Policía Nacional ha liberado a quince mujeres de nacionalidad china en Palma que eran víctimas de explotación sexual, tras ser reclutadas mediante anuncios en redes sociales por una organización criminal procedente de China, y ha detenido a catorce personas –doce en Baleares y dos en Barcelona–. En un comunicado emitido el sábado, la policía informó de que siete de los catorce detenidos –trece ciudadanos chinos y un español– han sido ingresados en prisión por orden judicial.
Las mujeres debían permanecer localizables las veinticuatro horas del día, estaban bajo vigilancia constante y eran forzadas a prestar servicios sexuales tanto en pisos como en domicilios particulares. También eran «compradas y vendidas» entre distintas organizaciones explotadoras para ser rotadas de un lugar a otro. Los agentes realizaron diez registros en inmuebles de Palma y clausuraron tres prostíbulos clandestinos.
La operación Pascua se inició en abril de 2025, tras recibirse dos comunicaciones anónimas en la dirección [email protected], en las que varias mujeres chinas solicitaban ayuda y alertaban de que estaban siendo explotadas y agredidas sexualmente en pisos de Palma. Un testimonio «clave» para la investigación fue el de otra mujer que logró escapar de uno de los locales donde se hallaba retenida.
Las víctimas fueron captadas mediante anuncios en redes sociales y engañadas sobre la verdadera naturaleza del trabajo que realizarían en España. Algunas ya se encontraban en la península, mientras que otras viajaron a Madrid desde China vía Dubái y Serbia tras aceptar falsas ofertas de empleo como masajistas, cocineras o cuidadoras, con salarios en torno a los 2.000 euros mensuales. La organización cubría los gastos del viaje, generando una deuda que las mujeres debían saldar ejerciendo la prostitución. Una vez en Palma, las víctimas eran trasladadas a los burdeles, donde veían restringidos sus movimientos y no podían rehusar clientes.
En algunos casos, se las forzaba a mantener relaciones sexuales sin preservativo, por lo cual la red cobraba un precio mayor. Todos los ingresos debían ser entregados íntegramente a la organización, la cual solo les devolvía una parte tras descontar el alquiler y los gastos de manutención. Además, la organización les ofrecía la posibilidad de regularizar su situación administrativa en España mediante matrimonios fraudulentos, a cambio de grandes sumas de dinero.
Una vez regularizada su situación, la red utilizaba las identidades de las mujeres para abrir cuentas bancarias, contratar suministros o registrar líneas telefónicas, con el objetivo de ocultar la identidad de los responsables de esta organización criminal. Los agentes constataron que la red incrementaba sustancialmente sus beneficios mediante la venta a los clientes de sustancias estupefacientes y excitantes sexuales. En uno de los burdeles investigados, los ingresos alcanzaron 1,2 millones de euros en un solo año.
Durante los registros policiales fueron incautados cinco vehículos de alta gama, 190.000 euros en efectivo, armas blancas y prohibidas como pistolas táser, katanas y cuchillos, así como joyería, relojes, teléfonos móviles, terminales punto de venta utilizados para cobrar los servicios sexuales y extensa documentación relacionada con la actividad delictiva. La operación se enmarca en el Plan Policial Nacional contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual. La Policía Nacional recuerda que permanecen habilitados para denuncias anónimas y confidenciales sobre este tipo de delitos el teléfono 900 10 50 90 y el correo electrónico [email protected].