Desde que se aprobó la nueva ley de vivienda en 2018, el Govern Balear ha impuesto multas que suman 3,3 millones de euros relacionadas con inmuebles en condiciones ilegales e insalubres.
Se han iniciado 108 expedientes sancionadores, 46 de los cuales corresponden a 2024. En 2023 hubo 26. Este incremento en el número de procedimientos refleja la creciente oferta de viviendas completamente inadecuadas que se aprovechan de la emergencia habitacional en Mallorca y las Baleares.
El caso más mediático ha sido el de un policía local de Palma que fué detenido en noviembre de 2023 tras un informe del servicio de inspección de la consellería. Estaba a cargo de varias minúsculas viviendas en sótanos de propiedades en Palma que habían sido convertidas en alojamiento. Además de carecer de los permisos de reforma, las unidades incumplían todos los criterios de habitabilidad.
El miércoles, inspectores de la consellería y la Policía Nacional acudieron a una finca en Manacor. En su terreno descubrieron once chabolas, cuyas condiciones rayaban lo inconcebible.
La consellería explica que “el propietario cobraba un alquiler sin que estas instalaciones cumplieran con los estándares sanitarios y de servicios básicos necesarios”.
“Era un edificio de tipo chabola con dos baños y dos cocinas compartidas. El propietario se aprovechó de las necesidades de vivienda de las personas que pagaban el alquiler, muchas de ellas con bajos ingresos o en situación irregular en el país.
“Las instalaciones presentaban condiciones precarias, tanto en términos de higiene -debido a la acumulación de basura, residuos orgánicos y condiciones insalubres- como de seguridad, con techos deteriorados y estructuras inestables. Asimismo, existe una deficiente instalación eléctrica, lo que podría suponer un peligro para los residentes.”
José Francisco Reynés, director general de Vivienda, declaró el miércoles: “Hay personas que se aprovechan de la actual emergencia habitacional que vivimos en las islas y alquilan o subarriendan viviendas en condiciones deplorables a inquilinos con dificultades para encontrar un hogar. Suelen ser personas vulnerables o trabajadores temporales que necesitan una vivienda durante ciertos meses y no pueden acceder a ella. Los infractores se benefician de esta situación. Desde la consellería perseguimos estos casos para impedir que se produzcan situaciones de este tipo.”
Las multas de la consellería de Vivienda pueden alcanzar un máximo de 90.000 euros por unidad. En el caso de Manacor, por lo tanto, la multa total podría rondar el millón de euros.