El problema nunca ha radicado en una carencia de recursos económicos; el hecho de no haber solucionado este importante y peligroso problema ha sido consecuencia de una falta de voluntad política para materializar la pasarela.
Orihuela Costa – 22 de enero de 2026
Tras más de dos décadas de retrasos, litigios judiciales y una frustración creciente entre los vecinos, el puente sobre la AP-7 en Orihuela Costa por fin vislumbra su ampliación. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado un recurso de Caixabank, allanando el camino para que el ayuntamiento embargue casi 1,3 millones de euros en garantías y complete las tan esperadas mejoras peatonales y viarias.
Este puente, que enlaza Lomas de Cabo Roig con la Calle Creus en la carretera de San Miguel, ha sido históricamente un punto negro de peligrosidad. La ausencia de cruces peatonales o ciclistas, una senda insuficiente, la congestión constante y unas condiciones de tráfico peligrosas han convertido este tramo en una fuente de quebraderos de cabeza diarios —y de auténtico riesgo— para los residentes.
Una promesa rota y falta de voluntad política durante más de una década
Esta saga se remonta a los primeros años 2000, durante el *boom* inmobiliario. La promotora, Urbana San Miguel S.L., era responsable de entregar las infraestructuras esenciales de su urbanización —incluido el puente— según un acuerdo firmado en 2002. En 2004, la empresa constituyó una garantía de 1.286.668 euros específica para el puente, además de otros fondos para dotaciones.
Llegó luego la crisis y, aunque la promotora vendió solares y completó parte de la urbanización, el puente quedó inacabado y en el olvido. A pesar de sucesivas aprobaciones y recordatorios municipales, las obras prometidas nunca se ejecutaron. Pero los vecinos no olvidaron. Durante años, organizaron protestas, manifestaciones y exigieron actuaciones, señalando el puente como un riesgo para la seguridad y un cuello de botella cotidiano en una zona densamente poblada.
Peatones y ciclistas jueganse la vida cada vez que atraviesan el puente de la AP-7 entre La Regia y Lomas de Cabo Roig.
Batallas legales y estancamientos burocráticos
Gran parte de los retrasos en la finalización del puente de Orihuela Costa se vieron agravados por ineficacias municipales. Mientras la promotora incumplía sus obligaciones, años de inacción burocrática, lentitud en la toma de decisiones y garantías olvidadas mantuvieron a los residentes esperando una solución durante casi veinte años.
La ciudadanía ha criticado duramente al consistorio por permitir que persistiera este peligroso cuello de botella y la falta de acceso peatonal, transformando lo que debería haber sido un proyecto de infraestructura sencillo en una saga de décadas de frustración y riesgo.
La presión vecinal reactivó la acción municipal en 2016, llevando al ayuntamiento a exigir pruebas de que la promotora había iniciado las obras. La empresa alegó que no podía actuar sin la aprobación ministerial —no obstante, el visto bueno vinculante del Ministerio de Fomento llegó en 2018. Para 2020, el municipio advirtió que la no inicio de las obras supondría la ejecución de la garantía.
En marzo de 2021, el pleno declaró formalmente el incumplimiento de la promotora y ejecutó la garantía de 1,3 millones para financiar la construcción. La promotora recurrió la decisión, e incluso el banco avalista luchó por evitar el pago —pero el TSJCV ha dado ahora la razón al ayuntamiento.
Sin embargo, el problema nunca ha sido la falta de recursos financieros; el fracaso en resolver este grave y peligroso problema ha sido la falta de voluntad política para hacer realidad la pasarela.
Alivio vecinal y seguridad viaria por fin
Para los residentes, esto supone una victoria largamente anhelada. La ampliación del puente incluirá por fin acceso peatonal y ciclista, y aliviará un corredor peligroso para la ciudadanía. Hasta ahora, la ausencia de una infraestructura adecuada ha generado no solo inconvenientes, sino un riesgo real para peatones y conductores.
El ayuntamiento ya ha iniciado los preparativos administrativos y ha encargado el proyecto de diseño. Tras años de retrasos, frustración y obstáculos burocráticos, Orihuela Costa podría por fin ver modernizado su puente de forma segura, brindando alivio a los miles de personas que sortean este peligroso cruce a diario.