A partir del próximo martes, 1 de julio, Airbnb exigirá a todos los anfitriones que proporcionen un número de registro válido según el tipo de alojamiento, en línea con las nuevas normativas de alquiler vacacional que entran en vigor ese mismo día. Para facilitar este proceso, la plataforma incorporará una nueva herramienta de asistencia.
Con el objetivo de “simplificar la inspección e identificación por parte de las autoridades”, la empresa ha anunciado que bloqueará la publicación de anuncios que carezcan de este número. Aquellos que no lo tengan deberán acreditar el cumplimiento de otras regulaciones locales aplicables.
Asimismo, la compañía destaca que, en los últimos meses, ha impulsado diversas campañas informativas dirigidas a la comunidad de anfitriones en España, centradas en la nueva normativa europea y los requisitos de registro y licencias bajo este marco legal.
El registro único de viviendas turísticas y de alquiler vacacional, establecido por el Real Decreto 1312/2024 —que crea una ventanilla digital única—, será obligatorio a partir del martes, seis meses después de su entrada en vigor. Esta norma deriva del Reglamento Europeo 2024/1028 del Parlamento y Consejo Europeos, del 11 de abril de 2024, de aplicación directa en todos los Estados miembros y que introduce un sistema regulatorio para el alquiler de viviendas amuebladas a corto plazo.
En consecuencia, los propietarios deberán obtener un número de registro del Colegio de Registradores de España. La solicitud incluirá la referencia catastral y dirección exacta del inmueble, el modelo de alquiler (vivienda completa o habitaciones), la ocupación máxima y la confirmación de que cumple los requisitos específicos establecidos por cada comunidad autónoma para operar estos servicios.
Una vez aprobada la solicitud, los propietarios recibirán un número identificativo, que deberán publicar en las plataformas digitales donde oferten el alquiler, como Airbnb. Así, los inmuebles quedarán oficialmente registrados.
En un comunicado reciente, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana subrayó que, con esta medida, el Gobierno español y la Unión Europea buscan abordar la “compleja situación” del mercado inmobiliario, implementando mecanismos para “frenar fraudes” y garantizar un mercado “transparente”.