BARCELONA implementó a mediados de febrero una normativa cívica más estricta, dirigida a combatir los comportamientos incívicos en las calles de la ciudad, y ya se conocen los primeros resultados.
Según las cifras publicadas por el Ayuntamiento de Barcelona, la policía municipal impuso 982 multas durante la primera semana de vigencia de la nueva ordenanza.
La norma actualizada, que entró en vigor el 15 de febrero, sanciona conductas que van desde el consumo de alcohol en la vía pública y la venta ambulante ilegal, hasta la micción en espacios públicos y el deterioro del mobiliario urbano.
El botellón fue la infracción más sancionada, representando un 36% del total de denuncias cursadas en la primera semana.
La venta no autorizada en la calle le siguió en frecuencia, con un 31% de las penalizaciones.
Los orines en público constituyeron otro 20% de las faltas registradas por la Guardia Urbana.
Fiesta en la playa de La Barceloneta
Se impusieron un número menor de sanciones por degradación visual de la ciudad, como pintadas o vandalismo, así como por el uso indebido del espacio público.
Las autoridades municipales afirman que los cambios buscan abordar conductas disruptivas que han sido fuente de quejas recurrentes en barrios concurridos y zonas turísticas.
Para hacer cumplir la normativa, la policía municipal desplegó un operativo combinando patrullas uniformadas con agentes de paisano en las áreas con mayor incidencia.
Esta ordenanza constituye la primera revisión en profundidad de las normas cívicas de Barcelona desde 2006.
Las reglas son aplicables tanto a residentes como a turistas.
La policía puede ahora notificar y cobrar las multas de forma inmediata a los no residentes, en un intento por evitar que los visitantes abandonen el país sin abonar las penalizaciones.
Según el consistorio, el objetivo último de la ordenanza es garantizar que tanto residentes como visitantes puedan disfrutar de “un espacio público seguro, respetuoso y ordenado”.
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