Una noruega acusada de matar a puñaladas a su esposo en su vivienda de Orihuela Costa ha sido puesta en libertad provisional tras dieciséis meses en prisión preventiva, bajo una fianza de 15.000 euros.
La resolución fue emitida esta semana por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, revocando así la denegación de libertad cautelar decretada anteriormente por un juzgado de instrucción de Orihuela.
La acusada, de 51 años, permanecía detenida desde agosto de 2024 tras la muerte de su marido, de 45, quien resultó apuñalado durante un incidente violento en el domicilio conyugal. Desde el primer momento, la mujer ha sostenido que actuó en legítima defensa, alegando ser víctima de una violencia de género continuada.
Su abogado, Juan Francisco Sánchez Otharán, del bufete Quiroga Sánchez, alegó que la prisión preventiva era desproporcionada, basándose tanto en las lesiones defensivas de su clienta como en numerosos informes periciales. Un análisis forense de diciembre no halló indicios de trastorno mental, pero sí determinó que la amenaza percibida para su vida y la de sus hijos pudo desencadenar una reacción de “temor insuperable”, mermando su capacidad para responder de otro modo.
Aunque la Audiencia Provincial ya había señalado que la cuestión de la legítima defensa debía dilucidarse en el juicio oral, los magistrados han considerado ahora el tiempo ya cumplido en prisión, los informes psicológicos y las declaraciones de los tres hijos menores del matrimonio. El tribunal observó indicios de que la acusada vivía una situación crónica de malos tratos y de que el fallecido mostró un elevado nivel de agresividad durante el incidente mortal.
Con el apoyo de la Fiscalía —y frente a la oposición de la acusación particular—, el tribunal acordó su libertad provisional con condiciones. Además de la fianza económica, deberá presentarse en el juzgado cada quince días, entregar su pasaporte y queda prohibida de abandonar España.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 2 de agosto de 2024. La propia mujer alertó a los servicios de emergencia, manifestando que su esposo la había atacado y perseguido tanto dentro como fuera de la vivienda, y que ella usó un cuchillo de cocina para defenderse. Sus tres hijos, de 10, 8 y 6 años, se encontraban en el hogar en ese momento.
El caso será llevado a juicio, donde el eje central será determinar si el homicidio se encuadra en la eximente de legítima defensa según la legislación penal española.
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