La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la decisión de llevar a Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, a juicio por jurado, alegando una falta de “evidencia concluyente y consistente” que justifique un procedimiento de tan alta trascendencia.
El auto, hecho público el lunes, también afecta a la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, devolviendo la causa a su fase anterior, previa al intento del Juez Juan Carlos Peinado de elevarla a juicio oral.
La Sección 23 del tribunal criticó duramente a Peinado, tachando su decisión de “inaceptable” al no especificar qué actos de los investigados justificaban el jurado ni aportar una base probatoria sólida para las acusaciones. Los magistrados subrayaron que cualquier “decisión trascendental” debe fundamentarse en una narrativa clara, respaldada por pruebas racionales y verificables.
El juez Peinado había solicitado que Gómez se enfrentara a un jurado por una presunta malversación en la contratación de su asesora, extendiendo posteriormente este enfoque a supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. No obstante, la Audiencia de Madrid recalcó que dividir la investigación en líneas separadas sin una delimitación fáctica clara resultaba improcedente. “Si fraccionar el procedimiento sin delimitación fáctica es inaceptable, más aún lo es avanzar hacia el jurado en estas condiciones”, señaló el fallo.
Los magistrados enfatizaron que, tras dieciocho meses de investigación, la mera plausibilidad de la denuncia no justifica un juicio por jurado. Reafirmaron la validez de la investigación ya realizada, pero insistieron en que cualquier avance a la siguiente fase procesal exige evidencia sólida que demuestre que los hechos investigados constituyen delito.
La decisión del tribunal subraya la necesidad de procedimientos cuidadosos y respaldados por pruebas en casos de alto perfil, marcando un freno judicial a escaladas prematuras o insuficientemente fundamentadas.