Este miércoles a las siete de la mañana, la Policía de Palma estableció controles de acceso en la antigua prisión de la ciudad, donde residen aproximadamente doscientas personas sin hogar. Los servicios sociales también se hicieron presentes, ejecutando finalmente el consistorio las medidas de desalojo que tenía previstas desde hace casi un año.
Para este miércoles y jueves está previsto realizar un censo de todos los ocupantes, y el viernes la junta de gobierno municipal aprobará el procedimiento para recuperar la posesión del inmueble.
Los ocupantes dispondrán de cinco días para presentar las alegaciones que consideren pertinentes. Una vez concluido este plazo, se emitirá una orden definitiva que requerirá el desalojo en un máximo de cuatro días. En caso de resistencia, el asunto se derivará a la vía judicial.
Javier Bonet, teniente de alcalde de Palma, declaró el martes que durante las últimas semanas se han realizado esfuerzos para identificar a los ocupantes y ofrecerles asistencia. La situación ha llegado a un punto crítico debido a preocupaciones de seguridad. Se han producido cuatro incendios en la antigua prisión en los últimos días, agregando Bonet que grupos de personas “conflictivas” se han ido instalando; existe un riesgo tanto para los que están dentro como para el público en general.
Este aumento de los conflictos, explicó Bonet, no se ha limitado a “incidentes aislados”. “Se trata de una situación prolongada que deriva de disputas entre diversos grupos.”
Con el desalojo en marcha, afirmó que el ayuntamiento solicitará la colaboración de la Delegación del Gobierno en Baleares, el Obispado de Mallorca, la Autoridad Portuaria y el Ejército para intentar encontrar alojamientos temporales.
El Obispado ha expresado su “disposición para hacer lo que sea necesario”. “Trabajaremos a través de nuestro departamento de caridad y acción social y estaremos preparados para ayudar a estas personas de manera individual. Necesitamos evaluar cada situación particular para colaborar, como siempre, en la ayuda a los más vulnerables.”
La autoridad portuaria es una opción, arguyó Bonet, debido a las instalaciones creadas en el puerto para migrantes. “El sesenta por ciento de los residentes en la prisión son inmigrantes indocumentados.” Sin embargo, los módulos del puerto están diseñados para estancias de una sola noche para quienes llegan en pateras. La capacidad mínima de acogida es de 136 personas.
La oposición en el consistorio ha criticado rápidamente a Bonet. El PSOE ha señalado que la responsabilidad recae en el ayuntamiento, pues el edificio es municipal. Es necesaria una coordinación con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (Consejo de Mallorca). “Mientras, el alcalde Jaime Martínez elude su responsabilidad; ha permitido que la situación llegue a este extremo. Es irresponsable y solo le preocupan sus proyectos faraónicos.
“El desahucio de la antigua prisión simplemente trasladará el problema a los alrededores. Primero desalojan a la gente, y luego piden ayuda a otras administraciones.”