El Parlamento Balear debatirá en su próxima sesión plenaria la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por MÉS per Mallorca, cuyo objetivo principal es prohibir la compra de viviendas a personas no residentes en las Islas Baleares.
El pleno del próximo martes decidirá si admite a trámite esta iniciativa, permitiendo así que continúe su iter parlamentario, tras el cual pasaría al Congreso de los Diputados. La prohibición de compra a no residentes, aseguró el diputado Lluís Apesteguia, solo afectaría a Baleares, cumple con todos los requisitos de la Unión Europea (UE) y se alínea con jurisprudencia previa que ha permitido este tipo de restricciones extraordinarias.
La propuesta, añadió, no discrimina por raza u origen, sino por el tipo de uso que cada persona pretenda dar a la vivienda que adquiera. «Hay que priorizar que las casas sean para vivir, para quienes quieran desarrollar su proyecto vital en Mallorca, Menorca, Ibiza o Formentera, y no para quienes deseen especular y continuar con este juego de Monopoly que han montado con nuestros hogares», subrayó.
Según el eco-soberanista, en la actualidad hay alrededor de 100.000 viviendas vacías y 120.000 segundas residencias en el conjunto del archipiélago, lo que representa aproximadamente el 50% del total. Apesteguia destacó lo que definió como «la primera ley de este tipo en España», que allana el camino para que otras comunidades como Canarias o Cataluña puedan seguir su ejemplo.
«Queremos saber qué piensan los demás grupos, si creen que las viviendas deben destinarse a fondos de inversión o si tienen la valentía de afirmar que las casas en Baleares deben priorizarse para quien vive en Baleares», recalcó.
El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ya ha anunciado que su grupo votará en contra de una propuesta que incluso los propios eco-soberanistas saben «que no se puede cumplir» debido a la normativa europea, la cual solo contempla esta posibilidad para las regiones ultraperiféricas. El socialista Marc Pons, por su parte, ha diferenciado entre la «voluntad» de su partido de implementar medidas de este tipo, que a su juicio frenarían la subida de precios, y las «posibilidades reales» de hacerlo.
«Existen limitaciones que nos impone Europa y hay dificultades que debemos considerar. No podemos depositar la solución a los problemas únicamente en esta medida», afirmó. No obstante, consideró que la distancia entre una región insular y la península no debería ser el único baremo para medir qué territorios pueden acogerse a estas excepciones, sino que también habría que tener en cuenta la presión turística e inmobiliaria.
«Somos conscientes de que el Gobierno español está dando pasos para valorar las dificultades que encontramos en Europa. Esto no es algo exclusivo de Baleares, sino de todos los territorios insulares europeos», señaló. La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, tachó la propuesta legislativa de «demagógica» y destinada a solucionar los problemas que la izquierda «ha causado» durante sus ocho años en el gobierno.