A finales de 2024, una vivienda en Son Ferrer (Calvià) fue adquirida en subasta. En diciembre de aquel año, el nuevo propietario descubrió que alguien residía en la casa y que ya habitaba en ella durante el proceso de venta. Constató que anteriormente había habido ocupas. Se personó en el inmueble y la mujer que lo habitaba le indicó que debía pagarle 30.000 euros para que se marchase: “Le saldrá más barato pagarme a mí que iniciar un desahucio.”
Tras ese primer contacto, el dueño relata que se fijó una fecha para el lanzamiento, aunque se le concedieron a ella diez días para presentar un contrato de alquiler. La mujer, de nacionalidad británica y con una hija pequeña, alegó llevar viviendo en la propiedad desde 2022. Añade que la mujer posee capturas de pantalla del teléfono que pretenden simular pagos de alquiler y suministros. Un escrito presentado en un juzgado de Palma señala que dichas imágenes “no muestran el nombre de la cuenta receptora, el IBAN de la transferencia, el concepto del pago, la identificación del beneficiario como titular, ni ninguna correspondencia con una renta pactada en contrato”.
Cuando el propietario solicitó la fecha de desalojo, la mujer pidió un abogado de oficio. También solicitó que su situación fuera considerada de “vulnerabilidad”. El propietario pidió al juzgado que denegara esta petición; que se declarara su ocupación como “injustificada”; y que se rechazara cualquier suspensión del lanzamiento.
El dueño contrató a un detective privado. Un informe de este investigador contradice su alegación de vulnerabilidad. “Se dedica a la asesoría inmobiliaria. Su presencia habitual en restaurantes, hoteles y clubes de alta gama, así como la exhibición y adquisición de artículos de lujo (algunos bolsos y prendas de diseño valorados en más de 3.000 euros) han quedado demostradas en sus publicaciones en redes sociales.”
Dicho informe alude a una conversación en la que ella “admite trabajar con operaciones inmobiliarias de alto valor”. La abogada del propietario sostiene que todos estos extremos “refutan la afirmación de precariedad y revelan una situación personal y profesional incompatible con la noción de vulnerabilidad socioeconómica especial que justificaría activar medidas excepcionales”. Lo cual, en este caso, la letrada no considera aplicable.
El propietario es un hombre divorciado con dos hijos. En la actualidad reside con sus padres. “Todo esto está afectando a mi vida personal.” Espera que el asunto “se resuelva lo más rápidamente posible para poder disfrutar de la casa que pagué pero que, ahora mismo, no puedo disfrutar, mientras que alguien que no tiene derecho a ella sí lo hace”.