A PESAR de los cuantiosos contratos televisivos y de que las emisoras financian sus sueldos, numerosos deportistas profesionales consideran que la retransmisión ilegal de eventos deportivos en directo es un acto inocuo.
Una conclusión contundente del Informe de la Industria Deportiva 2026 revela que el 66% de los profesionales del sector y el 58% de los aficionados ven aceptable la piratería de streams.
Esta actitud surge mientras los seguidores son progresivamente excluidos del acceso legal al deporte debido a su coste.
Con los derechos de fútbol fragmentados en múltiples plataformas, los aficionados británicos podrían pagar pronto más de 1.350 libras anuales solo por seguir los partidos de alto nivel en televisión.
No obstante, las cifras exponen una contradicción palmaria. Los acuerdos de transmisión siguen siendo el principal motor de los salarios de los jugadores y los ingresos de los clubes, mientras que muchos de sus beneficiarios parecen mostrarse indiferentes ante el hecho de que los aficionados eludan el sistema por completo.
Las autoridades, sin embargo, no lo están.
En el Reino Unido, la policía y los titulares de derechos han intensificado su ofensiva contra los ‘dodgy’ Fire Sticks, encarcelando a operadores de streaming ilegal y tomando medidas contra millones de usuarios.
España ha ido incluso más lejos.
En 2024, el país instruyó a sus tribunales para que actuasen legalmente contra cualquiera que piratee eventos deportivos mediante páginas web o servicios de streaming ilegales.
Engel Systems SL fue la primera empresa declarada culpable bajo esta nueva orden por un juzgado de Pontevedra, por infringir los derechos de autor al vender dispositivos, y fue consecuentemente multada con 673.000 euros.
En una sentencia reciente y pionera de la Audiencia Provincial de Málaga, miembros de un conocido grupo de streaming ilegal llamado Servicio-IPTV fueron condenados hasta a tres años de prisión por distribuir servicios de televisión de pago, incluyendo contenidos premium como Movistar+.
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El grupo había vendido acceso a más de 8.000 canales por tan solo 50 euros anuales, causando un daño económico significativo a propietarios de contenido como Telefónica y Disney.
Este fallo marca un giro radical en el enfoque de España hacia la piratería, con los tribunales reconociendo ahora el perjuicio económico e imponiendo penas de cárcel.
Es un recordatorio severo de que, aunque la piratería sea tolerada por muchos –incluidos los propios atletas–, las autoridades están intensificando la persecución en respuesta a su creciente prevalencia.
Incluso mientras se recrudecen estas ofensivas, la piratería continúa en aumento.
Según el Informe de la Industria Deportiva, el 67% de los aficionados y el 50% de los profesionales creen que asistir al deporte en vivo será pronto un lujo, una realidad que está impulsando aún más el streaming ilegal hacia la corriente principal.
Con el contenido pirateado cada vez más normalizado, el deporte se enfrenta a una disyuntiva incómoda: reducir el coste del acceso o continuar criminalizando a su propia audiencia.
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