El presidente Donald Trump ha desvelado un plan controvertido para establecer un nuevo órgano internacional denominado la Junta de Paz, centrada inicialmente en la reconstrucción y gobernanza de Gaza. El borrador de su estatuto sugiere que los países que aspiren a una membresía permanente deberán contribuir con al menos mil millones de dólares cada uno, un requisito que ha generado inquietud diplomática.
La junta operaría bajo un estatuto formal que limitaría el mandato inicial de cada miembro a tres años. No obstante, las naciones que depositen mil millones de dólares durante el primer año podrían mantener su condición de forma indefinida.
Este exigente requisito financiero ha suscitado dudas sobre la sostenibilidad del organismo, su accesibilidad para estados más pequeños y sus posibles implicaciones para instituciones multilaterales consolidadas como la Organización de las Naciones Unidas. Algunos analistas y fuentes diplomáticas han señalado que este modelo, vinculado a grandes aportaciones económicas y al control presidencial sobre la membresía, podría evolucionar hasta convertirse en una plataforma alternativa que compita o incluso sustituya parcialmente la influencia de la ONU en la construcción de la paz global.
Lo más leído en Euro Weekly News
Estructura y liderazgo de la Junta de Paz
El borrador del estatuto delinea el liderazgo y el mandato
Según el anteproyecto, Trump ejercería como presidente inaugural, con autoridad para invitar a los países participantes. La junta se describe como una organización internacional destinada a promover la estabilidad, restaurar la gobernanza en zonas afectadas por conflictos y garantizar una paz duradera.
Ya se ha anunciado un panel ejecutivo central que, según los informes, incluiría a figuras como Marco Rubio, Jared Kushner y Tony Blair. Los observadores destacan que la estructura centraliza la autoridad decisoria de un modo que difiere de la representación universal característica de la ONU.
Las disposiciones financieras estipulan que cada estado miembro solo podrá permanecer un máximo de tres años a menos que realice el pago de mil millones, creando de facto un sistema de membresía escalonado. Los críticos argumentan que esto podría privilegiar a las naciones más ricas mientras margina a aquellas con menos recursos.
El estatuto señala que, si bien la junta se centrará inicialmente en Gaza, su ámbito de actuación podría ampliarse posteriormente a otros conflictos globales. Líderes de Francia, Alemania, Italia, Australia, Canadá, la Comisión Europea y estados clave de Oriente Medio han recibido invitaciones, aunque solo Hungría ha aceptado públicamente hasta ahora. Se espera el anuncio de más miembros en las próximas semanas.
Requisitos financieros y reacciones internacionales
Los diplomáticos manifiestan cautela ante el coste y el propósito
El borrador del estatuto ha atraído la atención no solo por la contribución económica, sino también por su impacto simbólico y práctico en la gobernanza global. Varios gobiernos han expresado cautela o preocupación ante las implicaciones de un organismo que podría rivalizar o funcionar en paralelo a las Naciones Unidas.
Según las normas propuestas, la membresía se renovaría cada tres años a menos que el presidente de la junta la prorrogase, aunque la opción de pago permitiría a los países asegurar un estatus permanente. Los críticos consideran que este mecanismo podría socavar los principios de participación igualitaria y seguridad colectiva, y algunos advierten de que podría convertirse en una alternativa al orden internacional vigente.
A pesar de estas preocupaciones, la Casa Blanca ha señalado que la disposición sobre el pago se plantea como una oferta de participación permanente para los países que hayan demostrado compromiso con la paz, la seguridad y la prosperidad, y no como una cuota obligatoria.
Vínculos con la ONU y alcance futuro
Temores sobre solapamientos y ampliación de la misión
El foco inicial de la junta está vinculado a Gaza, autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU hasta 2027 para apoyar la reconstrucción, la gobernanza transicional y la recuperación económica. Sin embargo, algunos diplomáticos y analistas temen que las ambiciones más amplias de la iniciativa puedan extenderse más allá de Gaza, abarcando posiblemente funciones de construcción de paz y resolución de conflictos tradicionalmente gestionadas por las Naciones Unidas.
Los funcionarios de la ONU subrayan que los estados miembros son libres de adherirse a distintos grupos internacionales, pero algunos críticos advierten de que una estructura dominada por un reducido grupo de contribuyentes poderosos y presidida por un único líder podría competir por la influencia del sistema multilateral establecido, especialmente si sus actividades se expanden a nuevas zonas de conflicto.
Aunque unos pocos líderes han expresado su apoyo, muchos países mantienen silencio o actúan con cautela. Tanto estados europeos y de Oriente Medio como responsables de la ONU han reiterado su compromiso con los mecanismos multilaterales existentes, al tiempo que observan de cerca los desarrollos de la nueva junta.
Los analistas han señalado que la junta de Trump, con su presidencia vitalicia, el control sobre las votaciones y los requisitos financieros para la membresía permanente, podría llegar a reemplazar o eclipsar las funciones de la ONU si se expande a nivel global.
Mientras continúan las deliberaciones, la estructura definitiva del organismo, los criterios de admisión y su ámbito operativo siguen sujetos a negociación. Su influencia a largo plazo en la arquitectura global de la paz dependerá de cómo respondan los estados tanto a sus condiciones financieras como a sus ambiciones más amplias.