El año 2026 se perfila como crucial para la sanidad española, con un conjunto de iniciativas legislativas llamadas a reconfigurar el Sistema Nacional de Salud (SNS). Algunas propuestas ya avanzan en el Parlamento, mientras que otras están programadas para ingresar en la tramitación legislativa en los próximos meses. Entre las más significativas destaca una ley que restituirá la universalidad del Sistema Nacional de Salud, un derecho recortado durante la crisis económica de 2012. Paralelamente, se impulsa una normativa para proteger la gestión pública de los servicios sanitarios y frenar las privatizaciones, a raíz del escándalo del Hospital de Torrejón en Madrid, que puso de manifiesto las debilidades del modelo de gestión público-privada.
Las medidas preventivas contra el tabaco y el alcohol también ocupan un lugar prominente en la agenda sanitaria, con nuevas leyes diseñadas para reducir drasticamente su consumo, especialmente entre los jóvenes. Asimismo, España persigue una profunda reforma de su política farmacéutica para mejorar el acceso a los medicamentos y reducir la dependencia de proveedores extranjeros.
Restablecimiento de la sanidad universal
La Comisión de Sanidad del Congreso debate actualmente, por procedimiento de urgencia y con plenas competencias legislativas, la ley de universalidad presentada en mayo de 2024. Desde su registro, la proposición de ley ha acumulado 57 prórrogas en el plazo de enmiendas, lo que refleja la complejidad de la negociación parlamentaria. Su objetivo primordal es garantizar la asistencia sanitaria a todos los migrantes que pretenden residir en España, con independencia de su situación administrativa. También busca asegurar la cobertura de los españoles en el extranjero y de los extranjeros que arriban por reagrupación familiar, colectivos que quedaron desprotegidos tras las reformas de 2012.
En paralelo, el Ministerio redactó un Real Decreto, que concluyó su consulta pública en octubre de 2024, destinado a eliminar las barreras administrativas que aún impiden el acceso a la sanidad de ciertos colectivos, en particular los migrantes. La medida responde a las quejas de organizaciones sociales sobre obstáculos burocráticos que, en la práctica, restringen el derecho a la salud.
Protección de la gestión pública
Aprobado por el Gobierno en junio de 2024, el Proyecto de Ley de Equidad y Cohesión del SNS se encuentra en fase de enmiendas, con cerca de 60 prórrogas hasta la fecha. La norma pretende blindar la gestión pública frente a la privatización y suprimir los copagos que persisten para ciertas prestaciones, como el transporte sanitario no urgente y los productos ortoprotésicos —medidas que beneficiarían especialmente a las personas mayores y a pacientes crónicos.
En una fase más incipiente se halla el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS, que busca limitar drásticamente los conciertos sanitarios público-privados. La legislación propone derogar la Ley 15/1997, que había abierto la puerta a que grandes grupos privados gestionasen centros públicos. El Gobierno prevé elevarlo al Consejo de Ministros en enero de 2026, tras la aceleración propiciada por la polémica del Hospital de Torrejón.
Ofensiva contra el tabaco y el vapeo
La reforma de la vigente ley antitabaco superó su primer trámite en septiembre de 2024 y ahora recaba informes del Consejo de Estado y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De ser aprobada, los vapers se regularán igual que el tabaco convencional, con idénticas restricciones en publicidad, venta y consumo. La medida aborda el rápido aumento del uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes en los últimos años.
La legislación ampliará los espacios sin humo en toda España, incluyendo las terrazas de bares y restaurantes, las marquesinas del transporte público, los campus universitarios, las playas, los parques infantiles y los accesos a edificios públicos. El objetivo es proteger a los menores y a los no fumadores del tabaquismo pasivo.
Restricciones al consumo de alcohol
Desde marzo de 2024, la Comisión de Sanidad debate una ley dirigida al consumo de alcohol en menores, aunque sin carácter urgente. La propuesta va más allá de las restricciones de venta para prohibir directamente el consumo en los menores de 18 años. Se vetará la ingesta en lugares de frecuentación infantil y juvenil, como parques, instalaciones deportivas y zonas de recreo. También se prohibirá la publicidad y el patrocinio de bebidas alcohólicas en un radio de 150 metros de colegios, centros sanitarios, de atención social, parques o áreas de ocio infantil.
Reforma de la política farmacéutica
En diciembre de 2024, el Ministerio lanzó la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024–2028, que promueve la investigación y desarrollo, garantiza la autonomía estratégica y fomenta el uso de genéricos y biosimilares. La pieza central de esta política es la nueva Ley del Medicamento, que busca mejorar el acceso mediante una actualización de la financiación, el impulso de genéricos y biosimilares, e innovaciones como la prescripción por enfermería y fisioterapia, la receta por principio activo y la sustitución farmacéutica.
El Ministerio también ultima un Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que reducirá a menos de 180 días el plazo entre la aprobación europea de un fármaco y la decisión española sobre su precio y financiación pública. El fin es agilizar el acceso de los pacientes a terapias innovadoras, especialmente para enfermedades graves.
Reforma del Estatuto Marco y conflicto con los médicos
La reforma del Estatuto Marco avanza tras anteriores discrepancias con los sindicatos. Tanto el Ministerio como los grandes sindicatos prevén ahora un acuerdo inminente para modernizar las condiciones laborales del personal sanitario. Los sindicatos médicos, no obstante, permanecen al margen de las negociaciones y auguran protestas a comienzos de 2026, reclamando un marco normativo específico para la profesión médica, al considerar que el estatuto general no recoge adecuadamente sus particularidades.
Entre los proyectos ya aprobados pero aún no implementados figura la Agencia Española de Salud Pública (Aesap), que se encuentra en proceso de selección de su sede. La agencia centralizará la vigilancia epidemiológica, la prevención y la respuesta ante emergencias, aplicando las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19.