Washington — A veces, las excavadoras y las demoliciones avanzan más rápido que la justicia.
Ese es el dilema que enfrenta el Fondo Nacional para la Preservación Histórica, que perdió su solicitud para detener temporalmente la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca la semana pasada. Un juez dió la razón al presidente Trump, permitiendo que los trabajos en el Ala Este continuaran mientras imponía algunos requisitos limitados a la administración.
“Estos lugares son propiedad del pueblo estadounidense. Y nosotros, el pueblo, tenemos derecho a opinar cuando se proponen cambios importantes”, dijo Carol Quillen, presidenta del Fondo, en una entrevista con CBS News. “Este proyecto debe seguir los procesos que ya exige la ley”.
El Sr. Trump ha renovado partes de la Casa Blanca a un ritmo rápido y con casi ningun control. El Ala Este y el corredor que la conecta con la residencia principal fueron desmantelados en cuestión de días en octubre.
El próximo proyecto arquitectónico del Sr. Trump es una incógnita, pero parece que hay pocas cosas que puedan detenerlo.
Demolición del Ala Este de la Casa Blanca durante la construcción de la nueva extensión del salón de baile en Washington, D.C., el 9 de diciembre de 2025.
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Quillen dijo tener “mucha preocupación” sobre futuros proyectos. La demanda del Fondo busca una declaración judicial que imponga requisitos previos a la demolición para que no desaparezcan más partes del edificio antes de que expertos y el público puedan opinar.
La Casa Blanca argumenta que el proyecto del salón de 90,000 pies cuadrados no está suficientemente avanzado para requerir la aprobación de las entidades que normalmente supervisan las construcciones federales en Washington. Los planes de construcción, dijeron los abogados del gobierno al tribunal, aún no están finalizados.
Sobre futuros proyectos en la residencia presidencial, un funcionario dijo: “Por el momento no hay planes de demoler ninguna estructura”.
Quillen dijo que hubo un aspecto positivo en la decisión del juez Richard Leon en contra del Fondo. “Vemos la orden del juez como muy útil. Aprendimos mucho y en realidad facilita nuestros objetivos en la demanda”, dijo.
Aunque falló en contra del Fondo, Leon ordenó al gobierno presentar los planes de construcción ante la Comisión de Planificación de la Capital Nacional y la Comisión de Bellas Artes antes de fin de mes, algo que la Casa Blanca ya había insinuado que haría.
La administración argumenta que no tiene obligación de presentar los planes de demolición a la Comisión de Planificación porque, según ellos, la autoridad de la comisión solo aplica a la construcción en vertical, no a la demolición.
El gobierno también presentó una evaluación ambiental del salón no publicada antes. Ese documento dio algunos detalles sobre el alcance, el cronograma y los pasos para preservar y preparar los terrenos de la Casa Blanca para la ampliación. El Servicio de Parques Nacionales completó la evaluación en agosto, pero no se hizo pública hasta la semana pasada en un documento judicial.
El Fondo también pide al tribunal que haga cumplir una ley que requeriría la aprobación del Congreso para la construcción. La ley dice que “no se erigirá ningún edificio o estructura en ninguna reserva, parque o terreno público del Gobierno Federal en el Distrito de Columbia sin la autorización expresa del Congreso”.
Los republicanos en el Congreso, que tienen mayoría en ambas cámaras, aún no han mostrado un interés formal por el salón. El proyecto de 400 millones de dólares se financia con fondos privados, y hasta ahora no se está considerando ninguna apropiación o resolución de aprobación del Congreso.
La Casa Blanca mantiene que el presidente tiene la autoridad unilateral para construir en sus terrenos.
Quillen argumenta que, como la Casa Blanca ha operado fuera del proceso habitual, expertos y el público han sido excluidos de dar su opinión antes de las demoliciones, y se podría perder historia.
“Cuando proyectos como este pasan por estos procesos, el resultado es mejor. La gente tiene voz. Se construye más apoyo para el proyecto. Se convierte en un legado más duradero y se pueden hacer mejoras durante el camino”, dijo Quillen.
La Comisión de Planificación de la Capital Nacional tiene previsto escuchar una presentación sobre el salón el 8 de enero. Otra audiencia judicial está programada para el 15 de enero.