La Guardia Civil ha retirado más de un centenar de nasas ilegales para la pesca de pulpo de las aguas frente a Pilar de la Horadada, en una operación que permitió la liberación de numerosas especies marinas y que podría acarrear sanciones de hasta 60.000 euros para los responsables.
El hallazgo se produjo el pasado 6 de diciembre, cuando efectivos a bordo de la patrullera Río Adaja detectaron una baliza señalizadora adosada a un arte de pesca conocido en la terminología marinera como “gallo”. Dicha baliza carecía de la identificación reglamentaria de su titular, infringiendo la normativa vigente, y además estaba siendo empleada fuera del horario de actividad autorizado.
Al constatar estas irregularidades, los agentes procedieron a izar y cobrar el arte, comprobando que se trataba de una línea de nasas cebadas destinadas a la captura de pulpo. La operación de recuperación se prolongó durante aproximadamente tres horas.
Durante la extracción de las nasas, se localizaron en su interior diversas especies marinas, entre las que se encontraban pulpos, morenas y congrios. Todos los ejemplares fueron devueltos con vida al mar, minimizando así el impacto sobre el medio marino.
La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar el origen de los aparejos. Los investigadores no descartan identificar a los presuntos responsables, quienes podrían enfrentarse a sanciones administrativas que alcanzan los 60.000 euros.
Esta actuación se enmarca dentro del Plan Anual Integral de Control de la Actividad Pesquera 2025, suscrito por la Guardia Civil y la Secretaría General de Pesca, cuyo objetivo es reforzar la vigilancia y la inspección en el sector.
Los objetivos del plan incluyen impedir la actividad de embarcaciones ilegales o no autorizadas, detectar artes de pesca no identificados, irregulares o prohibidos, y disuadir de la pesca en zonas restringidas o en fondos protegidos.
La Benemérita ha reiterado que la pesca furtiva de pulpo con este tipo de artes ocasiona graves perjuicios: el agotamiento incontrolado de los caladeros, el daño a los ecosistemas marinos, la competencia desleal para el pescador profesional que cumple la normativa, riesgos para la seguridad alimentaria y fuertes sanciones económicas para los infractores. En definitiva, estas prácticas comprometen la sostenibilidad a largo plazo y perjudican la economía local.