NUEVA DELHI: La Corte Suprema ha ordenado una auditoría sin precedentes a nivel nacional de todas las universidades privadas y consideradas, transformando una queja estudiantil en un escrutinio profundo del extenso sector de educación superior de la India. En una directiva exhaustiva, el tribunal supremo ha solicitado al Centro, todos los estados y territorios de la unión, y a la Comisión de Becas Universitarias (UGC) que presenten affidavits jurados personalmente revelando cómo se establecieron estas instituciones, quién las gobierna, qué aprobaciones regulatorias poseen y si realmente funcionan como entidades sin fines de lucro.
La medida surge en respuesta a una petición presentada por una estudiante de la Universidad Amity, Ayesha Jain, quien alegó que la institución la acosó y le impidió asistir a clases después de que ella cambiara su nombre legalmente. Lo que comenzó como un solo caso de apatía administrativa ahora se ha convertido en una investigación judicial sobre las prácticas de gobierno y financieras de todo el ecosistema de universidades privadas.
El enfoque de la Corte Suprema es claro: exponer la opacidad estructural y examinar si organismos reguladores como la UGC han desempeñado adecuadamente su función. Intervenciones pasadas muestran que este no es un terreno desconocido. En 2005, el tribunal anuló la Ley de Universidades Privadas de Chhattisgarh que había permitido que más de 100 instituciones ficticias operaran sin infraestructura académica básica.
Esta revisión actual es más profunda. Cuestiona cómo las universidades privadas adquieren terrenos, nombran liderazgo, manejan las finanzas y si tienen mecanismos creíbles de resolución de quejas. La demanda de responsabilidad personal —desde los secretarios principales hasta el presidente de la UGC— señala una impaciencia judicial con el statu quo. Un funcionario de la UGC, que habló bajo condición de anonimato, reconoció: “Han existido brechas de cumplimiento desde hace mucho tiempo. Esta es una oportunidad para restaurar la confianza pública”.
Las universidades privadas, muchas de las cuales operan bajo diferentes leyes estatales y centrales, están inquietas. “Es una medida muy amplia”, dijo el rector de una reputada universidad privada estatal. “Apoyamos la transparencia, pero también tememos ser tratados con el mismo rasero que unas pocas instituciones infractoras”.
Los observadores ven un timing en la acción del tribunal. Se espera que el Proyecto de Ley de la Comisión de Educación Superior de la India (HECI), destinado a reformar la regulación y fusionar la UGC, la AICTE y otros bajo un mismo techo, sea presentado en la próxima sesión parlamentaria.