El sindicato CCOO, una de las dos centrales principales en Baleares, propone elevar la tasa turística a 15 euros por persona y día. Esta medida se aplicaría durantte los meses punta de julio y agosto; actualmente, la tarifa máxima es de cuatro euros.
El secretario general, José Luis García, declaró el jueves: “No se trata de una subida con el fin de recaudar más, sino de un instrumento disuasorio, para que las Islas Baleares transmitan un mensaje claro al mundo: aquí no cabe nadie más en temporada alta”.
La propuesta sobre el impuesto es una de las 52 medidas que el sindicato ha presentado al pacto de sostenibilidad del Gobierno, al que critica por estar “paralizado por el análisis”. García sostiene que el Govern debería convocar con urgencia una mesa de diálogo social específica para establecer “el marco conceptual y las medidas prioritarias para transformar el modelo económico y social de las Islas Baleares”.
La CCOO busca una moratoria temporal en la concesión de nuevas plazas de alojamiento turístico hasta que dicho panel de diálogo social alcance un consenso. El objetivo sería frenar el crecimiento de visitantes en la temporada alta y priorizar una oferta turística de mayor valor, sustituyendo progresivamente las instalaciones obsoletas. “Para reducir la saturación estival, no basta con contener la demanda; también hay que actuar sobre la oferta”, afirmó García.
El sindicato exige un estudio objetivo de la capacidad de carga turística de las islas, considerando los recursos naturales y la población flotante. Aboga por una transformación del modelo laboral para adecuarlo a las nuevas exigencias ambientales y productivas: medidas de compensación para los trabajadores temporales, fortalecer la formación profesional, crear un centro de referencia nacional para la formación en turismo, mejorar el reconocimiento de las enfermedades laborales vinculadas al cambio climático y fomentar el uso del catalán por parte de las empresas.
La CCOO identifica la crisis de vivienda como el principal problema social en Baleares. Para abordarlo, propone limitar los precios de los alquileres, declarar toda Baleares como “zona tensionada” y crear un parque público de 40.000 viviendas. Esto se lograría mediante propiedades vacías, expropiaciones a bancos y grandes tenedores, además de nueva construcción, financiada en parte con la tasa turística y con un incremento del dos por ciento en el presupuesto autonómico destinado a vivienda.