Los principales sindicatos del sector público de España han anunciado protestas a nivel nacional para el 30 de octubre. Crédito de la foto: Uvamen/Shutterstock
Los principales sindicatos del sector público español han anunciado protestas a nivel nacional para el 30 de octubre, advirtiendo que una huelga general en diciembre podría suceder si el gobierno no accede a acordar un aumento salarial para los funcionarios. La medida, encabezada por CSIF, CCOO y UGT, se produce ante la creciente frustración por el estancamiento de las retribuciones en el sector público y la erosión de los salarios reales debido a la persistente inflación.
Los sindicatos, que representan a millones de empleados públicos, acusan al Ministerio de Hacienda y Función Pública de no participar con seriedad en las negociaciones sobre la subida salarial para 2025. Sostienen que los trabajadores públicos han perdido entre un 10 y un 20 por ciento de su poder adquisitivo desde 2010, y que los incrementos aprobados desde la pandemia han sido insuficientes para compensar la crisis del coste de la vida.
En una declaración conjunta, las tres grandes federaciones señalaron que las manifestaciones del 30 de octubre tendrán lugar ante las delegaciones del gobierno y sedes autonómicas en toda España. Si no se alcanza un acuerdo a finales de noviembre, advirtieron, se escalaría a una huelga nacional en diciembre, lo que podría alterar servicios públicos clave en las fechas previas a la Navidad.
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Quiénes se verán afectados
Se espera una amplia participación en administración, educación y sanidad
Aunque los sindicatos aún no han emitido una lista definitiva, la huelga prevista probablemente incluiría a una amplia gama de trabajadores de la administración pública, desde oficinas de la administración central hasta servicios autonómicos y municipales. Se prevé que también participen empleados de educación, sanidad y servicios sociales, dada su representación en los grandes sindicatos del sector público. Profesores, enfermeras, personal administrativo y otros trabajadores de servicios esenciales podrían verse todos afectados.
No obstante, la legislación laboral española restringe el derecho a huelga en ciertos servicios esenciales, como la asistencia sanitaria urgente, la seguridad pública y las funciones judiciales. Las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la policía nacional suelen quedar excluidas de las huelgas generales del sector público, aunque pueden expresar su apoyo a través de sus propios órganos representativos. Las autoridades locales y autonómicas también establecerán servicios mínimos para garantizar que continúen las operaciones básicas, especialmente en hospitales, centros educativos y transporte público.
Los sindicatos exigen un acuerdo “justo y transparente”
Los trabajadores reclaman subidas plurianuales vinculadas a la inflación
El presidente del CSIF, Miguel Borrachina, declaró que el gobierno ha “agotado la paciencia de los empleados públicos” al retrasar las negociaciones sobre los presupuestos de 2025. Subrayó que los trabajadores públicos “no pueden seguir pagando el precio de la inflación”, reclamando un plan salarial plurianual vinculado al índice de precios al consumo.
CCOO y UGT hicieron suya esta postura, instando al Ministerio de Hacienda a presentar una propuesta creíble antes de finales de octubre. Argumentan que el gobierno debe reconocer la contribución de los empleados públicos que “sostuvieron el país durante la pandemia” y que continúan enfrentándose a cargas de trabajo crecientes mientras los servicios públicos lidian con la escasez de plantilla y las restricciones presupuestarias.
La respuesta del Gobierno
Hacienda equilibra las negociaciones salariales con las normas fiscales de la UE
El Ministerio de Hacienda ha reconocido que hay discusiones en curso, pero aún no ha confirmado si se incluirá una subida salarial adicional en los Presupuestos Generales del Estado para 2025. En 2024, los funcionarios recibieron un incremento global del 2,5 por ciento, con la posibilidad de un 0,5 por ciento adicional vinculado al desempeño económico, una fórmula que, según los sindicatos, no ha logrado seguir el ritmo de la inflación.
Fuentes gubernamentales han advertido de que cualquier nuevo acuerdo debe mantener la compatibilidad con los objetivos de consolidación fiscal de España bajo las normas de la UE, que volverán a aplicarse en 2025. Sin embargo, los sindicatos argumentan que la contención salarial ya ha llegado a su límite y arriesga a socavar la moral y la contratación en los servicios públicos esenciales.
Qué esperar a continuación
Las protestas de octubre podrían desembocar en una de las mayores huelgas en España en años
Las protestas del 30 de octubre suponen la primera movilización coordinada del sector público desde antes de la pandemia. En el caso de que la huelga de diciembre siguiera adelante, podría representar una de las mayores acciones sindicales en España en los últimos años, afectando a miles de oficinas, centros educativos y sanitarios en todo el país.
**Puntos clave de un vistazo:**
* Las protestas están convocadas para el 30 de octubre, con una posible huelga nacional en diciembre si fracasan las negociaciones.
* Los sindicatos exigen un acuerdo salarial plurianual indexado a la inflación.
* Se prevé la participación de la administración pública, educación, sanidad y servicios sociales.
* Los servicios esenciales como urgencias y policía mantendrán operatividad mínima.
* La disputa se centra en la erosión del poder adquisitivo y la necesidad de incrementos salariales sostenibles bajo las normas fiscales de la UE.
De momento, las negociaciones continúan, pero a menos que el gobierno y los sindicatos alcancen un acuerdo pronto, España se enfrenta a un invierno turbulento en sus servicios públicos, con ambas partes bajo presión para equilibrar la prudencia fiscal y la justicia social.