La normativa de liberalización de suelo del Govern balear, en lo que a Mallorca respecta, ha sido objeto de crítica debido a la ausencia de un análisis oficial sobre su impacto. Ante esta carencia, la plataforma ‘Mallorca per viure, no per especular’ ha encargado un estudio dirigido por el geógrafo Gabriel Garcies. Dicho estudio calcula que se podrían crear 252.810 plazas residenciales en las denominadas áreas de transición. Esto requeriría una reclasificación de suelo rústico para permitir la edificaión, algo que la ley posibilita.
La última cifra de población en Mallorca es de 966.908 habitantes. Si bien no implica que la construcción de nuevas propiedades en suelo rústico incremente la población en la totalidad de las plazas estimadas, existe el potencial para un crecimiento demográfico significativo adicional. Mallorca per viure considera que la ley “supone una bomba demográfica para una isla saturada, con recursos como el agua ya al límite”.
Se acusa al gobierno de realizar un cambio legislativo “con la excusa de generar más vivienda social”. “La realidad es que se trata de un regalo para los promotores inmobiliarios sin ninguna previsión de las consecuencias medioambientales, territoriales y demográficas que conllevará”.
Los investigadores han elaborado un ‘mapa de la especulación’ para siete municipios de Mallorca: Palma, Llucmajor, Manacor, Inca, Marratxí, Calvià y Alcúdia. Estos son los municipios contemplados en la ley; los únicos que actualmente superan los 20.000 habitantes.
Más de la mitad de las plazas residenciales estimadas —142.650— se ubicarían en Palma. Marratxí, en cambio y a modo de ejemplo, tendría 27.180; Calvià, 21.240.
Mallorca per viure declara: “La ley promueve el crecimiento dentro de estas áreas sin ninguna cuantificación. No existe previsión de las hectáreas afectadas, de las edificaciones que se pueden construir ni de qué núcleos urbanos son los más perjudicados. Tampoco se cuantifica el impacto territorial, medioambiental y demográfico.”