El miércoles, la Guardia Civil detuvo a un empleado del Ayuntamiento de Alcudia sospechoso de haber registrado a unos 400 inmigrantes indocumentados como residentes del municipio.
A las 9:30 de la mañana, la Policía Judicial de la Benemérita se personó en el consistorio y arrestó al empleado de 44 años, quien aparentemente está empadronado en Alcudia pero no reside en el municipio. Se le acusa de haber realizado dichos empadronamientos a cambio de sumas de dinero.
Hace dos meses, el ayuntamiento presentó una denuncia ante la Guardia Civil tras sospechar que un empleado del departamento de contratación registraba a inmigrantes sin papeles por las tardes, cuando las oficinas permanecían cerradas.
La alcaldesa, Fina Linares, declaró que “se trata de un caso aislado de mala praxis, y hemos aplicado tolerancia cero”. El detenido comenzó a trabajar en el ayuntamiento en marzo de 2023. Inicialmente fue asignado al departamento de estadística, pero fue transferido al área de contratación hace dieciocho meses. El empadronamiento de residentes no estaba entre sus funciones.
La denuncia a la Guardia Civil se produjo tras detectarse un aumento “notable” en el número de personas empadronadas en Alcudia; un municipio turístico donde escasean las viviendas de alquiler como residencia principal. Además, un individuo se presentó en el ayuntamiento solicitando una copia de su volante de empadronamiento. Dicho empadronamiento no existía legalmente, aunque sí constaba en el censo estadístico. Al parecer, el empleado accedía al edificio anexo al consistorio principal, donde se realizan los trámites de estadística y padron.
Tras una investigación interna, que señalaba que los registros habían sido realizados por la misma persona después de las 14:00 horas, se alertó a la Guardia Civil. Los investigadores han establecido que las direcciones utilizadas correspondían a propiedades deshabitadas, incluidas algunas en mal estado e inhabitables, así como solares. Presuntamente, se utilizaron identidades de colegas para obtener el acceso necesario y otorgar las aprobaciones.
El individuo de 44 años compareció ante el juzgado de Inca el miércoles. Quedó en libertad con cargos por favorecer la inmigración ilegal y falsificación de documentos. Una vez finalizada la investigación policial, aquellos que aparentemente fueron registrados de manera ilegal serán dados de baja del padrón.