El Consell de Mallorca ha detectado que casi un 40% del alojamiento turístico anunciado en las principales plataformas opera al margen del registro oficial de establecimientos. Esta cifra se traduce en un promedio mensual de cerca de 8.000 propiedades y aproximadamente 42.000 plazas turísticas que funcionan sin control ni garantías, compitiendo deslealmente con quienes sí cumplen la normativa.
Según declaró el consejero insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, en rueda de prensa, se trata de un “estudio pionero” realizado tras 12 meses de análisis de casi 400.000 anuncios, lo que equivale a unos diez millones de datos procesados mediante herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial.
Esta información se ha obtenido gracias a la contratación de la plataforma Talk&Code, “especialista en detectar y categorizar inmuebles dentro de un territorio”, para detallar la oferta actual en Mallorca, así como a la participación del Observatorio de Turismo Sostenible y empresas colaboradoras. “Por primera vez, hemos podido distinguir el ruido digital —es decir, los anuncios— de la realidad física, que son las propiedades reales detrás de todo esto”, afirmó.
El consejero insular subrayó que el análisis evidencia que cuatro de cada diez propiedades anunciadas no figuran en los registros oficiales. “Hoy se acaba la especulación, y con estos datos, creamos y arrojamos luz sobre el verdadero problema de los alquileres turísticos ilegales”, sostuvo. Añadió que “no podemos hablar de sostenibilidad, convivencia y protección del territorio mientras estas 42.000 plazas operen en la más absoluta opacidad, presionando el mercado de vivienda y saturando los servicios”.
En cuanto al tipo de alojamiento ofertado, el estudio revela que las viviendas unifamiliares (chalets y villas) representan el 50,9% de la actividad irregular detectada, mientras que las plurifamiliares (apartamentos) constituyen el 47,2%, y un 1,5% corresponde a viviendas de condiciones inferiores. Palma registra el mayor volumen de propiedades irregulares, con 1.012, seguida de Pollensa (756), Alcudia (687), Santa Margalida (467), Calvià (413), Capdepera (388) y Manacor (374).
Los municipios de Palma, Pollensa y Alcudia concentran casi un tercio del stock de vivienda ilegal de Mallorca. A nivel comarcal, la Zona Norte se erige como el principal foco de actividad no registrada, seguida de la Zona Centro y la Zona Este. Rodríguez recalcó que esta diagnosis inicial constituye “una herramienta de gestión potente” que permitirá al Consell planificar futuras actuaciones.
Explicó que el análisis es “el preludio de futuros cambios y de la evolución del plan iniciado al comienzo de la legislatura”, fundamentado en la coordinación fiscal con la Agencia Tributaria, la adaptación de los servicios de inspección y sanción, la colaboración urbanística con los ayuntamientos y los acuerdos con las plataformas de comercialización.
Respecto a la relación con estas empresas, el consejero insular arguyó que la cooperación “ha mejorado sustancialmente” y citó como ejemplo el acuerdo con Airbnb, que permitió retirar un número significativo de anuncios irregulares. “Cada vez estoy más satisfecho con cómo están colaborando las plataformas”, señaló, aunque puntualizó que el proceso administrativo lleva tiempo y que muchas de las propiedades detectadas se encuentran actualmente en fase de inspección o análisis para iniciar los correspondientes expedientes sancionadores.
Rodríguez argumentó que la defensa del turismo legal “exige perfeccionar incansablemente la lucha contra la oferta irregular” e insistió en que el objetivo del Consell no es tanto recaudar como “disuadir y erradicar esta práctica para mejorar la convivencia”.