Concejalas y concejales de Torrevieja debatirán moción contra la construcción de una segunda desaladora

De acuerdo con la moción, el grupo del PP arguye que Torrevieja ya acoge la mayor planta desalinizadora de Europa, la cual se encuentra actualmente en proceso de ampliación, pasando de 80 a 120 hm³ de producción anual.

Torrevieja, 26 de agosto de 2025. El grupo municipal del Partido Popular (PP) en Torrevieja ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno, en la que se opone a la construcción de una nueva planta desalinizadora en la ciudad.

La propuesta surge tras el anuncio realizado el pasado mes de mayo por Francisco Lucas, secretario general del Partido Socialista en la Región de Murcia, y posteriormente confirmado por Diana Morant, ministra del Gobierno de España y secretaria general del PSPV. La instalación proyectada tendría una capacidad de producción de 100 hm³.

Según se expone en la moción, el grupo popular sostiene que Torrevieja ya alberga la mayor planta desalinizadora de Europa, la cual actualmente está siendo ampliada de 80 a 120 hm³ de producción anual. Asimismo, alegan la escasez de terrenos adecuados que no interfieran con otras necesidades municipales, como la prevista ampliación del Hospital Universitario o la del cementerio municipal.

Además de rechazar el nuevo proyecto, la moción insta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la empresa pública Acuamed a que finalicen las obras pendientes desde hace 15 años en el paseo del Dique de Poniente, y que inicien los proyectos de mejora que aguardan licitación en el barrio del Acequión y en las sendas de Los Náufragos y Lo Ferrís.

De ser aprobada, el acuerdo sería remitido al Ministerio para la Transición Ecológica, a la Delegación del Gobierno de la Generalitat Valenciana, a la Confederación Hidrográfica del Segura, a Acuamed y a la conselleria valenciana de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

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El grupo municipal del PP mantiene que la propuesta de una segunda planta desalinizadora es innecesaria dada la infraestructura existente, mientras que el Gobierno central la defiende como parte de su política hídrica de ámbito más amplio.