La presidenta de Perú firmó una nueva ley polémica que perdona a soldados, policías y milicias civiles acusados de atrocidades durante el conflicto armado de dos décadas contra rebeldes maoístas.
Dina Boluarte aprobó la medida, que fue aprobada por el Congreso en julio, a pesar de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para suspenderla hasta evaluar su impacto en las víctimas.
La ley beneficiará a cientos de miembros de las fuerzas armadas, policía y comités de autodefensa acusados de crímenes entre 1980 y 2000. También obligará a liberar a los mayores de 70 años cumpliendo condena por estos delitos.
Durante el conflicto, los grupos rebeldes Sendero Luminoso y Túpac Amaru llevaron a cabo insurgencias que dejaron un estimado de 70,000 muertos y más de 20,000 desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de Perú.
Boluarte, elegida en 2022 como la primera presidenta mujer del país, dijo que el gobierno rinde homenaje a las fuerzas que—según ella—lucharon contra el terrorismo y defendieron la democracia.
Organizaciones de derechos humanos condenaron la ley. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, la llamó "una traición a las víctimas peruanas" que "debilitá décadas de esfuerzos por justicia".
Expertos de la ONU y Amnistía Internacional pidieron a Boluarte vetar el proyecto, argumentando que viola el deber de Perú de investigar abusos graves como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual.
La CVR halló que agentes del Estado, especialmente las fuerzas armadas, fueron responsables del 83% de los casos documentados de violencia sexual.
El año pasado, Perú aprobó un plazo de prescripción para crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, cerrando cientos de investigaciones.
La iniciativa benefició al expresidente Alberto Fujimori, encarcelado por atrocidades—incluyendo masacres de civiles—pero liberado en 2023 por razones humanitarias. Murió en septiembre de 2024.