¿Fin de la samba en la playa? Río de Janeiro busca controlar vendedores ilegales y reducir el ruido en las costas

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Si has estado en las playas de Río de Janeiro, esto te resultará familiar: la música de samba que llega desde un quiosco cercano, los cócteles de caipiriña que venden los ambulantes, las sillas extendidas sobre la arena.

Ahora, esto podría ser más difícil de encontrar, a menos que los vendedores cuenten con los permisos adecuados.

El alcalde Eduardo Paes emitió un decreto a mediados de mayo estableciendo nuevas normas para el litoral de la ciudad, argumentando que busca preservar el orden urbano, la seguridad pública y el medio esfera, además de fomentar relaciones pacíficas entre turistas y residentes.

Las nuevas medidas entrarán en vigor el 1 de junio y prohibirán la venta de comida y bebida, el alquiler de sillas, el uso de altavoces e incluso la música en vivo en quioscos sin permisos oficiales.

Además, las cabañas playeras solo podrán identificarse con números en lugar de los nombres creativos por los que muchas son conocidas actualmente.

Los vendedores dicen que la represión «silencia el alma» de la cultura playera de Río

Algunos han apoyado la medida para frenar lo que consideran actividades caóticas en la playa, pero otros argumentan que el decreto amenaza la dinámica cultural de Río y el sustento de músicos y vendedores que podrían enfrentar dificultades para obtener permisos.

La regulación de la música en las playas ha generado especial controversia.

«Es difícil imaginar Río de Janeiro sin bossa nova, sin samba en la playa», comentó Julio Trindade, DJ en varios quioscos. «Mientras el mundo canta La chica de Ipanema, nosotros no podremos tocarla aquí».

Orla Rio, una concesionaria que gestiona más de 300 quioscos, declaró en un comunicado que las restricciones musicales equivalen a «silenciar el alma de la costa»* y socavan el espíritu vibrante y auténtico de la ciudad.

¿Es posible frenar o modificar las nuevas normas?

Algunos buscan impedir la aplicación del decreto o, al menos, modificarlo para permitir música en vivo sin permiso, pero hasta ahora han logrado poco éxito.

El Instituto de Ciudadanía Brasileña, una ONG que defiende derechos sociales y del consumidor, presentó una demanda la semana pasada pidiendo la suspensión de los artículos que restringen la música en vivo, alegando que afecta la fluidez de la actividad económica.

Un juez desestimó el caso, argumentando que la organización no tenía legitimidad para presentar la queja, pero la ONG apelará la decisión.

Mientras, la Asamblea Municipal de Río discutió un proyecto de ley para regular el uso de la costa, respaldando ciertos aspectos del decreto, como limitar la música amplificada, pero omitiendo el requisito de permisos para músicos en vivo.

Aún falta una votación formal, y no está claro si ocurrirá antes del 1 de junio. De aprobarse, el proyecto tendría prioridad sobre el decreto.

Según un informe de 2022, la actividad económica en las playas de Río (excluyendo quioscos y restaurantes) genera unos 4 mil millones de reales (≈621 millones de euros) anuales.

Millones de turistas y locales visitan las playas de Río cada año, donde disfrutan de maíz asado, pinchos a la parrilla e incluso compran artículos como bikinis o dispositivos electrónicos.

La concejal Dani Balbi criticó el proyecto en redes: «¿De qué sirve traer artistas internacionales si abandonamos a quienes construyen la cultura diaria en la ciudad?», en referencia a los recientes conciertos de Lady Gaga y Madonna.

Ira, miedo y tristeza entre los vendedores

La represión contra vendedores ambulantes no registrados ha desatado indignación.

«Es trágico», lamentó Juan Marcos, un joven de 24 años que vende langostinos en palitos en Copacabana y vive en una favela cercana. «Trabajamos duro para llevar algo de dinero a casa. ¿Qué haremos ahora?»

María de Lourdes, líder del movimiento de vendedores Muca, denunció: «Necesitamos permisos, pero no los dan». El ayuntamiento no ha revelado cuántos permisos otorgó el año pasado.

Tras las protestas, el gobierno municipal insistió en que algunas normas ya existían y afirmó estar en diálogo con los afectados.

María Lúcia Silva, residente de Copacabana, opinó: «Este barrio es para gente mayor… Nadie paga impuestos altos para soportar este caos», refiriéndose al ruido y la contaminación.

En cambio, Rebecca Thompson, turista galesa, defendió el bullicio: «Hay energía, comunidad. Sería triste perderlo».

(Typos: "medio esfera" → "medio ambiente", "antes" → "ayer")

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