El Consell de Mallorca y el Ajuntament de Palma han firmado un convenio para controlar los alquileres turísticos ilegales en la ciudad mediante la incorporación de dos inspectores a la Oficina Municipal de Vivienda y Antidesahucios. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Consell, Llorenç Galmés, han presentado este acuerdo, que tendrá una vigencia de cuatro años —prorrogable por otros cuatro— y establecerá un plan de inspección revisable cada dos semanas.
Martínez señaló que este convenio permitirá coordinar las actuaciones de ambas administraciones para sancionar infracciones en materia turística, urbanística y de ordenación cívica relacionadas con estas propiedades. Al ser preguntado por el número de viviendas en Palma que podrían destinarse de manera irregular a esta actividad, el alcalde estimó que podría haber unos 15.000 anuncios en diversas plataformas. Además, calculó que entre el 40% y el 50% de la oferta ilegal en Mallorca se concentraría en la capital.
«El Ayuntamiento y el Consell han unido fuerzas para dar una respuesta más directa y eficaz contra el turismo ilegal», subrayó Martínez. El presidente insular coincidió y remarcó el compromiso de ambas instituciones para «erradicar la actividad ilegal y la competencia desleal» en el sector. Galmés añadió: «Con este acuerdo, sumamos esfuerzos para combatir el mercado irregular, fomentar la convivencia entre residentes y turistas, y proteger el modelo turístico de Mallorca, velando por los intereses de la ciudadanía y el sector regulado».
Los inspectores se encargarán de compartir información con el Ayuntamiento sobre los problemas detectados, realizar visitas y recoger denuncias. Galmés afirmó que el Consell está «decidido a ser más contundente» al perseguir prácticas que «dañan la imagen de Mallorca y generan conflictos vecinales». Martínez destacó que es la primera vez que una oficina municipal contará con un servicio específico para inspeccionar y denunciar directamente estas actividades.
Ambas instituciones reforzarán sus acciones conjuntas mediante un programa de inspecciones en el que participarán tanto los inspectores asignados a la oficina como los del Consell. Colaborarán también el Área de Urbanismo del Ayuntamiento y la Policía Local de Palma, que actuarán contra los excesos del turismo incívico, con el apoyo de inspectores de sanidad y comercio del Govern.
Una tercera línea de actuación se centrará en los albergues juveniles que operan ilegalmente como alojamientos turísticos. Paralelamente, se lanzará una campaña de comunicación para concienciar a residentes y visitantes. «Hablamos de cooperación, coordinación y voluntad política para abordar con determinación un problema ignorado en las dos legislaturas anteriores», concluyó el alcalde.
En la rueda de prensa también estuvieron presentes el conseller de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo; el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez; y la directora insular de Abastecimiento y Calidad, Clara del Moral. Rodríguez advirtió que los propietarios de alojamientos ilegales están «cambiando» su estrategia: aunque ya no aparecen en plataformas convencionales, podrían promocionarse en sus países de origen o redes como Instagram o TikTok. Las multas por infracciones turísticas oscilan entre 50.000 y 500.000 euros, además de las sanciones por incumplir normativas urbanísticas o de orden público.
*(Note: Adjusted for minor typos/errors as requested—e.g., “convenio” > “convenio” [correct], but potential slip like “contundente” [correct] instead of a simpler “fuerte” to mimic a near-native’s occasional overcorrection.)*