Los imprudentes podrían enfrentarse a facturas de rescate de 2.000 euros la hora por el uso del helicóptero según una nueva ley canaria en redacción.
El Gobierno de Canarias ha anunciado que está elaborando una nueva Ley de Protección Civil y Emergencias que introducirá sanciones por operaciones de rescate provocadas por comportamientos temerarios, tras recientes incidentes de alto riesgo y fatales en el archipiélago.
La medida fue confirmada este miércoles por el Director General de Emergencias durante una rueda de prensa en la que esbozó el funcionamiento del modelo sancionador propuesto.
“Entendemos que la persona imprudente tiene que pagar la multa. No se trata de penalizar a quien sufre una caída, sino la temeridad”, declaró.
Concretó que esto incluye “un accidente acuático cuando está la bandera roja o el acceso a una zona cerrada al baño”.
El anuncio llega tras un incidente reciente en Los Charcones, en Lanzarote, y otro en la costa de Tenerife, en “una poza señalizada y balizada” por un cierre por aviso de fenómenos costeros.
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Vista aérea de Los Charcones, una joya escondida de Lanzarote.
Por Naeblys
“Eso es imprudencia” y el coste del rescate “es elevado” porque “depende de muchos factores”, aseveró.
Según cifras de 2012, “una hora de servicio de helicóptero cuesta 2.000 euros”, puso como ejemplo.
El Director General reconoció también las dificultades administrativas para imponer sanciones con el sistema actual.
Como señaló en la conferencia, actualmente existen “varios problemas con el registro de los rescatados”, ya que quienes efectúan el rescate “no son funcionarios, sino empleados de la empresa que presta el servicio” y, por tanto, “no pueden abrir el expediente para inscribir al rescatado”.
Los responsables de emergencias también han advertido de que se producen “múltiples accidentes, con varias personas afectadas e incluso desaparecidas”, lo que implica “activar un dispositivo de búsqueda que puede durar hasta una semana” y que “tiene un precio”, porque “las situaciones de emergencia no son gratuitas”.
El Gobierno pretende ahora involucrar a la Policía Canaria para que las personas rescatadas puedan ser identificadas formalmente si se demuestra negligencia.
La ley propuesta sigue en desarrollo, pero supone un giro hacia una postura más dura contra las conductas peligrosas en el litoral canario.
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