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El Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares apoya la ambición del gobierno regional de construir al menos 10.000 viviendas asequibles*, pero considera que el decreto para estas viviendas plantea ‘banderas rojas’ que deben abordarse.
Una preocupación clave se relaciona con el hecho de que los beneficios para los promotores son permanentes y no temporales. Esto podría significar que no hay prisa por construir viviendas una vez que un área ha sido aprobada para el desarrollo.
Una aparente falta de urgencia contradice la naturaleza de emergencia de la situación de vivienda y de hecho todo el pensamiento detrás de las medidas gubernamentales. Consideran inconsistente establecer un método basado en ventajas de planificación permanente para un propósito urgente. “Si no hay plazo, se pierde la urgencia, ya que el promotor o el propietario podrían retrasar indefinidamente el desarrollo”.
Los arquitectos también sienten que hay dudas razonables de que el gobierno haga cumplir la ley y obligue a los promotores a construir. “Es bien sabido que ninguna administración pública, de cualquier época o tendencia política, ha utilizado las herramientas a su disposición, como la expropiación con fines de planificación urbana”.
También advierten que el decreto podría resultar en hogares más pequeños incluidos en la categoría asequible al mismo tiempo que se crean cada vez más viviendas de lujo.
Los arquitectos piden el consenso más amplio posible para llegar a una definición del futuro de las Islas Baleares – “hasta dónde estamos dispuestos a crecer en población”. “Un crecimiento continuo año tras año no es sostenible en un territorio finito con recursos naturales limitados. Una mayor población significa mayores necesidades de infraestructura, servicios y recursos”.
* El decreto contempla 20.000 viviendas en Palma, la mitad de las cuales serán ‘asequibles’. Esquemas similares, denominados Proyectos Residenciales Estratégicos, podrían extenderse a municipios con 10.000 o más habitantes.
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