Valencia podría perder 150 millones de euros en fondos europeos por no implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que prohibiría la entrada de vehículos contaminantes al centro de la ciudad a partir del 1 de enero de 2026.
La coalición del Partido Popular con el partido de ultraderecha Vox no ha logrado dar con una fórmula aceptable para que su socio de gobierno la asimile.
Vox alega que una ZBE limita la libertad de los ciudadanos y ha sido “impuesta” por el gobierno central.
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Una moción conjunta sobre la ZBE fue presentada en el pleno del lunes por la oposición socialista y el partido de izquierdas Compromís.
Pretendía alcanzar un acuerdo para “romper el actual bloqueo y aprobar una ZBE completa y rigurosa” y para “evitar que Valencia pierda recursos destinados a convertirla en un modelo de ciudad próspero, sostenible y europeo”.
Fue el tercer pleno consecutivo en el que no se pudo alcanzar ningún consenso.
Durante el debate del lunes se intercambiaron golpes verbales entre los partidos. María Pérez, de los socialistas, acusó al PP de no querer negociar con la oposición y de negar que exista “un problema de contaminación del aire”.
Señaló que la ciudad “perdería 150 millones” y que habría que eliminar las subvenciones al transporte público.
La concejala de Movilidad de Valencia, Papi Robles, acusó a socialistas y Compromís de carecer de “voluntad real de negociar” sobre la ZBE y afirmó que prefieren el “barro político” antes que “ayudar a la gente”.
El portavoz de Vox, José Gosálbez, declaró que las ZBE no son “una obligación europea”, pues “Bruselas pide calidad del aire, no restricciones ideológicas”, señalando en su lugar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
“Esto no es ecologismo, es elitismo disfrazado”, añadió.
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