Monica Garnsey y BBC Eye Investigations
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Queensland Central, BBC
Un pequeño fuego ceremonial lleva ardiendo más de 1,300 días en un área polvorienta del territorio Wangan y Jagalingou, en Queensland central, el segundo estado más grande de Australia.
La llama marca el sitio de una protesta que lleva más de cuatro años. Es el corazón de un conflicto prolongado entre parte de la comunidad indígena local y la mina de carbón Carmichael, uno de los proyectos mineros más controvertidos del país.
La mina, propiedad del gigante energético indio Adani (que opera localmente como Bravus), está justo al otro lado de la carretera. Se ubica en tierras tradicionales del pueblo Wangan y Jagalingou (W&J).
Adrian Burragubba y su hijo Coedie McAvoy llevan años luchando contra Bravus, tomando lo que ellos ven como una postura espiritual y defendiendo su supervivencia cultural.
"Donde está mi tierra, hay una mina intentando destruir mi país", dice Adrian. "Esa tierra es el mapa de mi historia y sabiduría sobre quién soy y mis ancestros."
En el centro de su resistencia están las Doongmabulla Springs, un sitio sagrado que creen fue creado por la serpiente arcoíris Mundagudda, un poderoso ser ancestral en muchas historias aborígenes, asociado al agua, la creación y la tierra.
Rastros de hidrocarburos
Las Doongmabulla Springs están conectadas a un sistema subterráneo más grande que mantiene viva la tierra seca. Se encuentran sobre la Cuenca Galilee, una de las reservas de carbón más grandes del mundo, con más de 30 mil millones de toneladas.
Algunos científicos, como el profesor Matthew Currell, experto en hidrogeología de la Universidad Griffith, dicen que el sitio es ecológicamente importante y vulnerable.
"Empezamos a notar cosas, como hidrocarburos en las aguas de las springs. Si aparecen después de la minería, hay que explicar por qué. Si está vinculado a la mina, es una señal de alarma", dice Currell.
La evidencia sugiere que la minería está afectando las aguas subterráneas más de lo previsto.
Un informe de 2024, revisado por expertos, cuestionó los modelos de agua de Adani/Bravus. La empresa rechazó estas conclusiones y acusó a los autores de ser activistas anti-carbón, algo que ellos niegan.
En 2023, el gobierno prohibió la minería subterránea planeada por Adani/Bravus debido a incertidumbre sobre su impacto en las springs. La empresa está apelando, insistiendo en que cumple con las normas ambientales.
Una comunidad dividida
La aprobación de la mina Carmichael ha dividido a Australia por casi una década. Adrian y su familia dicen que la mina amenaza su fuente sagrada de agua y que sus derechos culturales son ignorados.
La ONU exige "consentimiento libre, previo e informado" para proyectos en tierras indígenas, pero esto no siempre se cumple.
El debate sobre la mina también es clave en la discusión climática. Aunque genera empleos, Australia ya es un gran productor de carbón, y la demanda en Asia sigue alta.
Bravus dice haber invertido más de $486 millones en la comunidad local. Pero para Adrian, la lucha sigue: "Esta tierra es nuestra identidad. No podemos permitir que la destruyan." Mónica Garnsey y BBC Eye Investigations
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Pero han surgido denuncias sobre malas condiciones laborales.
La periodista Kim Nguyen, quien lleva años cubriendo historias sobre la mina Carmichael, ha hablado con trabajadores que dicen haber estado expuestos a niveles inseguros de polvo, obligados a trabajar en infraestructuras precarias y enfrentado una cultura de miedo al plantear preocupaciones.
Doongmabulla Springs está sobre la Cuenca Galilee, una de las mayores reservas de carbón sin explotar del mundo.
El regulador de seguridad minera de Queensland confirmó que hubo 875 páginas de informes de accidentes graves entre 2019 y 2024, pero dijo que la tasa de incidentes de la mina era "similar al promedio de la industria".
Bravus respondió: "Tenemos récord de cero fatalidades (…) Mantenemos altos estándares, cumplimos con la ley, animamos a la gente a denunciar problemas de forma anónima o en persona, y estos se resuelven rápidamente".
Después de que el gobierno estatal anunciara que aprobaría la mina sin el consentimiento indígena, 7 de 12 familias W&J firmaron un acuerdo con Adani a cambio de un fondo comunitario.
"Dividió familias", dice Jackie Broderick, mujer W&J. "Me siento fatal por la destrucción de la tierra, pero si no aceptábamos, igual lo hubieran hecho. Sacamos lo que pudimos".
Otros creen que el acuerdo tuvo un costo muy alto. "La minería es Dios en este país. Una mina dividió una nación entera", dice Coedie.
En un comunicado, Bravus dijo: "Adrian Burragubba y sus aliados en el movimiento anti-combustibles fósiles llevan años intentando desacreditarnos y frenar nuestra mina Carmichael, que opera de forma segura y responsable según las leyes de Queensland y Australia".
Reclamo de derechos sobre la tierra
En 1915, la Ley de Protección Aborigen de Queensland permitió el desplazamiento forzoso de indígenas de sus tierras. Muchos W&J fueron enviados a más de 1000 km de distancia. Familias separadas y su cultura prohibida.
En 1993, la Ley de Título Nativo otorgó derechos limitados sobre la tierra si podían probar conexión continua con ella, incluyendo el derecho a negociar proyectos mineros.
Los W&J dicen que "vienen del agua" y la ven como fuente de vida.
En 2004, presentaron una reclamación de Título Nativo, ganando el derecho a negociar con Adani, que ofreció beneficios a cambio de un acuerdo. Pero en 2012 y 2014 no se llegó a un acuerdo, así que Adani buscó aprobación sin su consentimiento.
En 2021, tras 17 años, un juez rechazó la reclamación W&J, eliminando su derecho a consulta o compensación porque no probaron conexión suficiente con la tierra.
"Un juez determinó que no había título nativo en la zona reclamada, y ahora se busca apelar en el Tribunal Superior", dice Tim Wishart, experto en títulos nativos.
"No es un sistema justo, pero es lo que hay", añade.
La lucha legal continúa
Adrian ahora busca una revisión judicial en la Corte Suprema de Queensland, alegando que la mina viola los derechos humanos de su comunidad al amenazar un sitio sagrado.
Su argumento se basa en el Artículo 28 de la Ley de Derechos Humanos, que protege el derecho indígena a practicar su cultura y mantener su conexión con la tierra y el agua.
Es un caso que podría sentar precedente, dice Alison Rose, abogada de Adrian y Coedie.
"Será un caso test importante para otras Naciones Originarias que buscan proteger su cultura y tierras", afirma.
Es el cuarto caso de Adrian contra el gobierno, usando abogados pro bono. Antes, quedó en bancarota tras una demanda y una multa de $680.000.
Pero pese a la bancarrota, derrotas judiciales y divisiones internas, Adrian, su hijo Coedie y su familia siguen luchando.
"Venimos del agua. Sin agua, estamos muertos. Sin tierra, no tenemos nada", dice Adrian.
El gobierno de Queensland pidió desestimar el caso. El veredicto está pendiente.
Texto adaptado por Selin Girit y editado por Alexandra Fouché