Un grupo de 45 soldados colombianos fue rescatado de un pueblo controlado por rebeldes en el suroeste rural del país. Las autoridades dijeron que un grupo de unos 600 civiles les impedían salir.
El ejército colombiano informó el lunes que los últimos soldados fueron recuperados “sin incidentes” y regresaron “sanos y salvos” desde El Tambo, una zona conocida por la producción de coca y otras actividades ilícitas.
“Todo el personal militar en manos de civiles ha sido liberado”, dijo el presidente Gustavo Petro en una publicación en redes sociales. “La población en las regiones de hoja de coca y oro ilícito debe dejar de obedecer órdenes de las mafias”.
El gobierno ha culpado a estos incidentes, cinco de los cuales han ocurrido este año, a grupos disidentes que rechazaron el acuerdo de paz del 2016 entre el gobierno y las FARC, un grupo guerrillero de izquierdas.
Las autoridades colombianas alegan que estos grupos armados presionan a las poblaciones civiles en las regiones cocaleras para que bloqueen a las patrullas de soldados. Estos incidentes no son raros y generalmente resultan en la liberación de los soldados ilesos, a veces tras mediación de grupos de derechos humanos.
Después del acuerdo de paz del 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), varios grupos disidentes, el narcotráfico y organizaciones criminales se apresuraron a tomar el control de las zonas que antes controlaba el grupo de izquierda.
Un conflicto civil de seis décadas que resultó en la muerte de 450,000 personas también puede contribuir a la hostilidad hacia el ejército en algunas partes del país. Un informe de una comisión de la verdad del 2022 declaró que el gobierno, junto con paramilitares de derecha, fueron responsables de la mayoría de las muertes de civiles en el conflicto, aunque todas las fuerzas involucradas participaron en abusos como secuestros y desapariciones.
Aunque el gobierno de Petro ha buscado alcanzar acuerdos con los grupos armados restantes, las autoridades han tenido dificultades para abordar la violencia e inestabilidad continua que han disruptado la vida de los civiles en las regiones donde siguen activos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo en una publicación en redes sociales que los responsables de la retención de los soldados, que patrullaban la zona del Cañón del Micay en una misión antinarcóticos, enfrentarán procesos judiciales.