El miércoles, representantes del sector taxi mantuvieron una reunión con la presidenta Prohens y le advirtieron de que se producirá una “masacre” en el sector si se conceden 10.000 licencias VTC.
Estas licencias, que corresponden a los ‘Vehículos de Transporte con Conductor’ y bajo las cuales opera Uber, fueron solicitadas en 2023 anticipando cambios normativos. Un reciente fallo del Tribunal Superior de Balears obliga ahora al gobierno autonómico a tramitarlas. De las 10.000 peticiones, 3.500 son para Mallorca y el resto para Ibiza.
El Parlament balear aprobó una moratoria para contener la avalancha de solicitudes hasta que se establecieran las normas que regulen el servicio, pero estas licencias quedaron excluidas de dicha suspensión. La preocupación en el sector taxi aumenta, ya que el tribunal dictaminó que el gobierno debe reexaminar 600 peticiones de una empresa concreta (Moove Cars), un precedente que podría aplicarse al resto.
La sentencia anuló un mecanismo gubernamental para frenar las VTC: un ratio basado en el número de taxis (un vehículo de plataforma por cada 12,6 taxis en Mallorca) que servía para establecer un límite máximo. El tribunal consideró que este criterio no estaba suficientemente justificado. Su fallo no implica la concesión automática de las licencias, pero sí fuerza al gobierno a reconsiderarlas individualmente.
En la reunión, los taxistas esgrimieron un argumento que quieren que el gobierno considere para denegar las autorizaciones: la ausencia de fronteras regionales y la relativa escasez de vías, en última instancia estatales, como las autovías. En Baleares no puede haber cruce de fronteras. Las licencias emanan de una autorización estatal, pero las concede el gobierno regional por delegación.
El presidente de la federación de taxistas, Gabriel Moragues, afirmó que estas licencias “serían insostenibles para el modelo económico balear” y se refirió a “mafias que especulan con un bien público”. En otras partes de España, fondos de inversión han adquirido licencias pagando tasas ínfimas para luego venderlas a precios muy superiores, obteniendo así millones de beneficio.
Añadió que la llegada de estas compañías a Baleares sería “inaceptable” para la rentabilidad del taxi y que Uber, que ya opera en las islas, practica una competencia desleal. “Uber cobra menos en invierno y luego hasta cuatro veces más en verano. Los coches captan clientes en los paseos marítimos, algo que no está permitido. Uber no quiere coexistir.”
Jordi Mora, presidente de la federación Pimem de asociaciones de pequeñas y medianas empresas, declaró: “Hay que preguntarse qué modelo queremos para las islas: 2.500 taxis, 2.500 familias, 2.500 pequeños negocios, o dos o tres grandes operadores especulativos que engañan al sistema.” Alertó sobre el impacto que una afluencia masiva de vehículos tendría en la región, especialmente cuando en Mallorca se debate cómo establecer límites.