Según las nuevas cifras del Ministerio, tras la reforma migratoria del año pasado, las solicitudes de permisos de residencia y trabajo en España han experimentado un incremento de casi la mitad desde su entrada en vigor.
Las peticiones de permisos de trabajo y residencia en España se han disparado en casi un 50 por ciento a raíz de la reforma de la ley de extranjería aprobada el año pasado.
Las solicitudes para vivir y trabajar en España aumentaron de 495.000 en el período comprendido entre el 1 de enero y el 20 de mayo, cuando entró en vigor la nueva Ley de Inmigración, a 724.000 entre dicha fecha y el 31 de octubre —lo que supone un incremento del 46,2 por ciento.
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Así se desprende de un reciente comunicado del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, publicado con motivo del aniversario de las reformas aprobadas en noviembre de 2024, en el que se detallan estas cifras.
Los datos de solicitudes ofrecen una clara indicación del efecto que los cambios han tenido hasta el momento, lo cual sugiere que el refuerzo normativo ha propiciado un aumento de las peticiones.
La ley amplió los tipos de visados de trabajo y residencia y, en palabras del Ministerio: “La nueva Ley de Inmigración ha facilitado enormemente la compatibilidad entre el trabajo asalariado y el autoempleo, así como la planificación y gestión de la migración circular.”
Durante este mismo período de cinco meses, 95.000 personas regularizaron su situación mediante el proceso de arraigo ampliado, gracias a la reducción de plazos de tramitación y a la expansión de las categorías.
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En los primeros cinco meses del año se presentaron más de 32.000 solicitudes de permisos de residencia por estudios, mientras que desde esa fecha hasta el 31 de octubre se registraron 93.000 peticiones, una evidencia manifiesta de que las reformas de 2024 han agilizado el procedimiento y han atraído a un número muy superior de potenciales solicitantes.
La nueva normativa también amplió a cinco los tipos de arraigo, definiendo y creando nuevas categorías: el denominado permiso de ‘segunda oportunidad’, así como los arreglos socio-laborales, sociales, socio-educativos y familiares.
El nuevo reglamento de inmigración también incorporó cambios para los permisos de residencia y trabajo por actividades de temporada, que ahora ofrecen una vigencia de cuatro años, permitiendo un periodo máximo de nueve meses de trabajo anual y alineándose con la Directiva de Trabajadores Temporales.
Esto se produce en un contexto en el que los migrantes han contribuido en casi su totalidad al crecimiento poblacional de España en los últimos años y en el que el país ha buscado acuerdos internacionales para frenar el flujo de rutas migratorias ilegales y peligrosas, ofreciendo al mismo tiempo programas de empleo temporal.
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La población aumentó en 105.488 personas durante el tercer trimestre de este año, situándose en 49,44 millones de habitantes a 1 de octubre de 2025, de acuerdo con los nuevos datos publicados por el organismo nacional de estadística.
A pesar de que la inmigración se ha convertido en una cuestión políticamente polarizante en España, al igual que en gran parte de Europa, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es uno de los pocos líderes del continente dispuestos a defender abiertamente sus aspectos positivos, vinculándolos a la estabilidad económica a largo plazo.
Un estudio del Banco de España del año pasado estimó que el país necesitará 25 millones más de trabajadores inmigrantes de aquí a 2053 para combatir el envejecimiento demográfico y mantener el sistema de pensiones ante la generación de baby boomers españoles que se prepara para jubilarse.
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