Farmacias de Alicante exigen receta para analgésicos de alta dosis
Las farmacias de la provincia de Alicante han comenzado a aplicar de forma estricta la exigencia de receta médica para la dispensación de ibuprofeno de 600 miligramos y paracetamol de un gramo, siguiendo directrices de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Esta iniciativa busca frenar el uso indebido generalizado de estos fármacos, que durante años se consumían de forma habitual para dolencias menores sin supervisión facultativa.
Las autoridades sanitarias advierten que el consumo excesivo o prolongado de estas dosis puede provocar efectos secundarios graves, como úlceras gástricas, hipertensión arterial y fragilidad capilar. Aunque la condición de medicamento sujeto a prescripción para estos formatos ya estaba establecida por la Ley de 2006 sobre Garantías y Uso Racional, su aplicación había sido desigual. En la actualidad, las farmacias aplican la normativa con mayor rigor, alineándose con la legislación europea y sistemas de control más estrictos.
Las alternativas de menor dosificación siguen disponibles sin receta, pero únicamente en envases reducidos —generalmente de 10 a 15 comprimidos—, frente a los tradicionales de 40 o 50 unidades. Todo el ibuprofeno sin receta está limitado a un máximo de 400 mg, pues dosis superiores aportan un beneficio adicional limitado y elevan significativamente los riesgos.
El cambio ha generado quejas entre algunos consumidores, especialmente por el coste. Las versiones de venta libre suelen ser entre dos y cuatro veces más caras que los genéricos con receta, diferencia atribuible en gran medida a los gastos de marca y publicidad. En consecuencia, algunos pacientes se ven obligados a acudir al médico para obtener una prescripción de medicamentos que antes adquirían libremente.
Las autoridades sanitarias defienden que esta medida es necesaria para reducir la automedicación y prevenir intoxicaciones. Los envases más pequeños limitan la cantidad de medicamento disponible sin control médico.
Este caso ha puesto también de relieve cuestiones más amplias sobre el precio y la disponibilidad de medicamentos en España. Algunos fármacos esenciales tienen precios tan regulados que desincentivan su comercialización, reduciendo la competencia. La Agencia del Medicamento está revisando actualmente las políticas de precios para garantizar la seguridad de los pacientes sin comprometer el acceso a tratamientos asequibles.
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