La Asociación Balear de Agencias Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (Abini) ha rechazado la propuesta que se debatirá la próxima semana en el parlamento autonómico para restringir la compra de viviendas a no residentes. La asociación ha advertido en un comunicado sobre el impacto económico y jurídico de esta medida, al tiempo que ha exigido el desbloqueo del decreto ley de Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) para impulsar la construcción de unas 10.000 viviendas asequibles en Palma.
La asociación ha acusado al partido Més per Mallorca de “buscar titulares fáciles en lugar de soluciones reales al problema estructural de la vivienda en las Islas Baleares” y ha subrayado que adoptar restricciones a los compradores “no crea ni un solo hogar adicional”.
El presidente de Abini, Daniel Arenas, ha reconocido que la demanda de no residentes, incluidos los peninsulares, puede afectar a los precios, pero ha explicado que “no es ni mucho menos el único factor”, ya que la raíz del problema radica en que desde hace 25 años la oferta no ha crecido al mismo ritmo que el aumento de la población.
También advirtió que centrar el debate en limitar las opciones de los compradores desvía la atención del déficit acumulado de oferta. La asociación ha alertado, además, de que reducir la actividad inmobiliaria afectaría a todo el sector de la construcción y rehabilitación en las islas, incluyendo constructores, arquitectos, aparejadores, ingenieros, promotores, notarías y despachos de abogados, entre otros profesionales.
“Frenar el mercado no reduce la necesidad de vivienda. Simplemente paraliza la actividad económica y el empleo”, afirmó Arenas, quien también cuestionó la viabilidad legal de limitar las compras en función de la residencia o nacionalidad. Como alternativa, la asociación ha reclamado la retirada del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos, que estipula que el 50% de las viviendas en nuevas promociones debe destinarse a residentes. “Bloquear el decreto sólo servirá para retrasar la entrada en el mercado de miles de viviendas asequibles. Las Islas Baleares necesitan más oferta, más seguridad jurídica y más gestión”, puntualizó Arenas.