La perrita que llegó a Ibiza el pasado diciembre en una patera procedente de Argelia ha sido transladada a Mallorca, donde permanece en cuarentena mientras las autoridades deciden su futuro. Hasta el momento, no se ha adoptado una resolución definitiva, y el caso sigue abierto debido a sus complejas consideraciones jurídicas y sanitarias.
Mariano Mas, Director General de la Fundación Natura Parc, que gestiona el Centro de Protección de Animales Domésticos, confirmó el traslado al Periódico de Ibiza y Formentera el martes. Explicó que el movimiento del animal a Mallorca, realizado el lunes, se contempló desde el principio y supone un avance positivo para su bienestar.
Mas indicó que la perra goza de buena salud, recibe los cuidados adecuados y está bajo supervisión veterinaria, al tiempo que se siguen los protocolos establecidos para animales procedentes de países no comunitarios. El caso se encuentra actualmente “a expensas de la decisión de Sanidad Exterior”, el organismo de la administración central competente en la regulación de la entrada de animales desde fuera de la Unión Europea.
Aunque el consell insular tiene competencias sobre los animales que llegan a su demarcación, la intervención de Sanidad Exterior es preceptiva en entradas irregulares desde terceros países, lo que exige una coordinación entre distintas administraciones, aclaró Mas. Antes del traslado, se elaboró un informe preliminar que esbozaba las opciones conforme a la normativa sanitaria vigente: la devolución del animal a su país de origen, la eutanasia o su mantenimiento en cuarentena hasta verificar su documentación y estado sanitario. No obstante, Mas subrayó que dicho informe no es vinculante y no determina el desenlace final.
“Todavía no se ha tomado una decisión definitiva”, afirmó, remarcando que cualquier actuación debe consensuarse entre todas las partes implicadas. “Aunque un informe recomiende una opción, no se ejecuta de forma automática. Deben considerarse otros factores, como la legislación sobre protección animal”, añadió, aludiendo a la compleja maraña normativa y procedimental que impide una resolución inmediata. Uno de los principales escollos, según dijo, es la situación jurídica de las personas que arribaron con la perra.
Para que el animal pueda ser legalmente adjudicado a un tutor, es necesario que esté identificado con microchip, registrado en un domicilio y vinculado a una persona concreta; algo que resulta “complicado” cuando se trata de migrantes sin documentación o residencia estable.