Un juez del Tribunal Superior del Reino Unido ha bloqueado temporalmente la deportación de un hombre eritreo de 25 años hacia Francia, en virtud del acuerdo migratorio gubernamental de “uno entra, uno sale”. El individuo, que llegó al Reino Unido en una embarcación pequeña el 12 de agosto, estaba programado para ser devuelto el 17 de septiembre. Su equipo legal alegó que podría ser víctima de trata y que enfrentaría la indigencia si era retornado a Francia. El tribunal concedió una medida cautelar, otorgando un plazo de 14 días para examinar sus alegaciones con mayor profundidad.
Este constituye el primer desafío legal exitoso contra el acuerdo de readmisiones entre el Reino Unido y Francia, anunciado en julio pasado. El mecanismo estipula que, por cada migrante que el Reino Unido devuelva a Francia, este aceptará a uno de Francia con vínculos familiares en el Reino Unido. El esquema pretende abordar la problemática persistente de los cruces en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha.
El Ministerio del Interior había sostenido que el hombre podía solicitar asilo en Francia. No obstante, el magistrado determinó que existía un asunto serio que deliberar en torno a su presunta condición de víctima de trata y los riesgos potenciales que enfrentaría. El fallo ha puesto de relieve la preocupación sobre la idoneidad del sistema de acogida para solicitantes de asilo en Francia, incluyendo problemas como la falta de alojamiento, recursos limitados y la vulnerabilidad de personas con necesidades de protección complejas. El gobierno británico ha reiterado su compromiso con el sistema “uno entra, uno sale” y su intención de proceder con las deportaciones tan pronto como sea posible. Sin embargo, este litigio subraya las complejidades y posibles obstáculos en la aplicación del acuerdo, especialmente cuando median alegatos de trata o especial vulnerabilidad.
A medida que avanzan los procedimientos judiciales, es probable que el caso tenga implicancias significativas para el futuro del acuerdo de readmisiones y el enfoque general hacia la gestión de los cruces en el Canal de la Mancha. Analistas sugieren que otras deportaciones bajo este esquema podrían enfrentar demoras o impugnaciones legales si se esgrimen argumentos similares. El acuerdo “uno entra, uno sale” ha sido central en la estrategia gubernamental para disuadir la migración irregular por el Canal, con el objetivo declarado de desarticular el modelo de negocio de las redes de tráfico de personas. Los críticos, en cambio, argumentan que la política podría menoscabar los derechos y protecciones de individuos vulnerables, como víctimas de trata, menores no acompañados y otros que requieren protección internacional.
Expertos jurídicos han señalado que, si bien la medida cautelar es temporaria, representa un límite significativo a la autoridad del gobierno para ejecutar deportaciones bajo el nuevo acuerdo bilateral con Francia. Es probable que el caso sea observado de cerca por grupos de derechos humanos, abogados de inmigración y responsables políticos, ya que podría sentar un precedente para la valoración de alegatos de vulnerabilidad en el marco del sistema. Por ahora, el hombre eritreo permanece en el Reino Unido mientras el tribunal considera la siguiente fase del proceso. Su caso ilustra tanto los potenciales problemas humanitarios del pacto migratorio como los desafíos de conciliar los objetivos políticos gubernamentales con las protecciones legales de los solicitantes de asilo.