Más de 168.000 propiedades anunciadas como alquileres turísticos de corta estancia deben retirar sus anuncios de plataformas como Airbnb y Booking.com hoy o enfrentarán multas que van desde los 2.000€ hasta medio millón.
El sistema, en vigor desde enero pero obligatorio a partir del 1 de julio, asigna un número de identificación a cada propiedad destinada a uso turístico o estacional.
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Se espera que este sistema brinde mayor transparencia y control sobre este tipo de viviendas, las cuales están agravando la crisis inmobiliaria en España.
En el último mes, más de 125.000 solicitudes de números de identificación se recibieron en un intento de último minuto por cumplir con los nuevos requisitos.
En total, desde el 2 de enero se han registrado 199.686 solicitudes.
El Instituto Nacional de Estadística ha identificado 368.295 apartamentos como viviendas turísticas en España, y casi la mitad podrían desaparecer de las plataformas de alquiler después de hoy por no registrarse a tiempo.
Entre agosto del año pasado y noviembre, 28.588 alojamientos ya desaparecieron del mercado.
Los registradores tienen 15 días hábiles para emitir una resolución definitiva, que podrá confirmar o revocar la solicitud.
Las razones más comunes para denegar una solicitud incluyen reglamentos de comunidades que prohiben expresamente el alquier turístico, propiedades subvencionadas o la falta de licencia municipal requerida.
Las provincias de Málaga, Gran Canaria, Alicante, Baleares y Barcelona concentran el 40% del alojamiento vacacional del país.
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