Las autoridades danesas separaron al recién nacido de su madre una hora después del parto. Crédito de la foto: Freepik
El 11 de agosto, Ivana Nikoline Brønlund, una madre groenlandesa de 18 años, dió a luz a su hija, Aviaja-Luuna, en un hospital cercano a Copenhague, Dinamarca. Apenas una hora después del nacimiento, las autoridades danesas separaron a la recién nacida de su cuidado, citando los resultados de una prueba de “competencia parental” (FKU) que se le había realizado a Brønlund durante su embarazo.
Las pruebas FKU son evaluaciones psicométricas utilizadas por los servicios de protección infantil daneses para valorar si un progenitor posee las habilidades, conocimientos y capacidad emocional necesarios para cuidar de un niño de forma segura. Estas pruebas suelen incluir la Escala de Inteligencia para Adultos de Wechsler (WAIS-IV), que mide las capacidades cognitivas y de resolución de problemas; el Test de Rorschach, que evalúa rasgos de personalidad y funcionamiento emocional; y el Test de Lectura de la Mente en los Ojos (RME), que valora la cognición social y la habilidad para interpretar las emociones ajenas. Las autoridades utilizan los resultados de estas pruebas, junto con visitas domiciliarias, informes de trabajadores sociales y otras evidencias, para determinar si un niño podría estar en riesgo de negligencia o daño.
A principios de 2025, las autoridades prohibieron el uso de las pruebas FKU para padres groenlandeses debido a preocupaciones sobre su sesgo cultural. A pesar de ello, se sometió a Brønlund a dicha evaluación, lo que resultó en la inmediata separación de su hija. Los críticos argumentan que estas evaluaciones no tienen en cuenta las diferencias culturales y pueden categorizar erróneamente a padres indígenas competentes como “incapaces”. Manifestantes en Groenlandia, Dinamarca e Islandia han condenado estas acciones, tachándolas de una continuación de actitudes coloniales y un desprecio hacia los derechos de las familias indígenas. Sin embargo, los expertos señalan que las preocupaciones sobre estas pruebas van mucho más allá del contexto cultural. Las evaluaciones de competencia parental presentan serias limitaciones para todas las madres, no solo para las indígenas. Están diseñadas para medir habilidades cognitivas y emocionales en entornos controlados, pero la crianza en la vida real requiere intuición, adaptabilidad y un compromiso emocional continuo, cualidades que no pueden ser capturadas con precisión en una prueba psicométrica. El alto estrés, la fatiga o la ansiedad durante la prueba pueden afectar negativamente a las puntuaciones, generando una falsa impresión de incompetencia. Además, estas pruebas suelen obviar la red de apoyo social del progenitor, la dinámica familiar o su resiliencia en condiciones reales.
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El uso legal de estas pruebas es sumamente controvertido. En Dinamarca, las autoridades pueden utilizar los resultados de las FKU como parte de la evidencia para justificar la separación de un niño si se percibe riesgo. Los críticos arguyen que depender de una puntuación para determinar si un padre puede cuidar de su hijo es ética y psicológicamente problemático. Los mismos procedimientos destinados a proteger a los niños pueden, en cambio, infligir trauma tanto a la madre como al niño, causando altos niveles de ansiedad, depresión y estrés, particularmente cuando los recién nacidos son separados inmediatamente después del parto.
Tras la indignación pública, las autoridades danesas reconocieron errores procedimentales en el caso de Brønlund y confirmaron que sería revisado por la unidad consultora VISO, especializada en asuntos culturales groenlandeses. Brønlund ha interpuesto un recurso contra la decisión, y su audiencia está programada para el 16 de septiembre. El caso Brønlund ha reavivado el debate sobre el trato de Dinamarca a las familias groenlandesas, el legado de las políticas coloniales en el bienestar infantil y la cuestión ética más amplia de si las pruebas psicométricas pueden o deben dictar la separación de los niños de sus padres. Los defensores continúan presionando para lograr reformas que aseguren que las evaluaciones sean culturalmente sensibles, que todos los padres sean tratados con justicia y que los servicios de protección infantil equilibren la seguridad con el respeto a los derechos parentales, la capacidad real para la crianza y el bienestar psicológico.
En pleno siglo XXI, es escandaloso que estas “evaluaciones” siquiera existan y sean utilizadas legalmente para justificar la separación de un niño de su madre, cuando la realidad es que ninguna prueba puede capturar la capacidad de cuidado en el mundo real, el vínculo afectivo o la habilidad de un padre para responder a las necesidades únicas de su hijo.