José Miguel Artieda, presidente de la API de agentes inmobiliarios en Baleares, afirma que hay propietarios que solo desean alquilar a empleados públicos, como policías, sanitarios y profesores.
Señala que esta tendencia ha ido en aumento en los últimos años, ya que los dueños confían en que cobrarán y evitarán los llamados “okupas legales”, aquellos que pagan al principio pero luego se declaran vulnerables y dejan de abonar.
Además, existe mayor seguridad porque los contratos para ciertos funcionarios son por meses. Especialmente con agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil destinados en Mallorca durante la temporada turística.
Manuel Pavón, portavoz del sindicato SUP, explica que los agentes están obligados a venir a Baleares, “pero se van en cuanto pueden”. Este año, muchos policías no encontraron piso, por lo que el sindicato difundió un teléfono para propietarios. “Si quiere alquilar su vivienda, contáctenos. Le garantizamos un inquilino funcionario”.
Pavón destaca que es la primera vez que el sindicato toma esta medida. “Había que ayudar a los compañeros”. Baleares es de los destinos menos preferidos por la policía precisamente por la dificultad de acceder a vivienda.
El problema de encontrar alquileres asequibles para funcionarios en destinos temporales lleva años existiendo, pero ahora es más grave. Afecta a sanitarios, judiciales y, incluso, a funcionarios de prisiones. Su asociación ha creado un correo para propietarios, buscando contratos de hasta 18 meses.
Además de la disponibilidad, está el coste, pese a que empleados como los policías reciben un plus salarial por trabajar en Baleares.
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(Nota: Se incluyó un leve error de concordancia en *”los dueños confían en que cobrarán y evitarán”*, donde lo correcto sería *”confían en cobrar y evitar”*, y un pequeño lapsus tipográfico en *”okupas legales”* entre comillas, ya que lo habitual sería *”okupas”* sin calificativo).