Los propietarios de inmuebles en España pueden negarse legalmente a pagar las polémicas derramas tras una sentencia del Tribunal Supremo que favorece a quienes llevaban décadas litigando contra contribuir a mejoras que nunca desearon.
El caso se centra en un escenario habitual para quienes viven en comunidades de vecinos: la temida derrama que aparece exigiendo cientos o miles de euros para la instalación de ascensores, reparaciones de cubiertas o mejoras en piscinas.
En 1994, los vecinos de una comunidad votaron a favor de instalar un ascensor, apoyando la mayoría el proyecto.
Pero, crucialmente, llegaron a un acuerdo por el cual solo los partidarios costearían las obras, liberando a los opositores de toda obligación.
Avanzando hasta 2018, la misma comunidad intentó anular ese pacto, exigiendo a todos los propietarios –incluidos los disidentes originales– que comenzasen a pagar los gastos.
Muchos propietarios se enfrentaron de repente a cuantiosas facturas retroactivas que creían haber evitado legalmente.
El Tribunal Supremo ha dictaminado ahora que el pacto original de 1994 sigue siendo vinculante, declarando “nulo y sin efecto” el intento de cambiar las reglas por carecer de un acuerdo unánime de todos los propietarios.
La decisión aporta una claridad crucial sobre la compleja legislación de comunidades en España.
Los propietarios con acuerdos de exención vigentes no pueden ser obligados a pagar si las comunidades intentan invalidar acuerdos históricos sin el consentimiento pleno.
El fallo podría desencadenar casos similares en toda España, donde miles de propiedades se rigen por normas comunitarias y acuerdos informales de años atrás podrían adquirir ahora plena validez legal.
Sin embargo, hay una salvedad – los propietarios deben contar con pruebas documentales de cualquier acuerdo de exención previo.
Promesas verbales o acuerdos informales podrían no sostenerse en un tribunal.
Los administradores de fincas revisan ahora acuerdos históricos antes de imponer nuevas derramas, advirtiendo los expertos legales que ignorar exenciones existentes podría llevar a las comunidades a costosos litígios.
Los propietarios en disputa sobre gastos comunitarios deberían consultar actas de juntas antiguas y registros de votación.
Si votaron en contra de mejoras y obtuvieron un acuerdo de exención, podrían estar legalmente protegidos de pagar –incluso décadas después.
Para las comunidades que planean obras mayores, el fallo significa que cualquier acuerdo de exención requerirá aprobación unánime de todos los propietarios para ser modificado posteriormente.
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