Una propuesta de ley permitirá a los propietarios cortar los suministros cuando sus inmuebles sean ocupados por okupas, sin que estos sean considerados delincuentes.
El Partido Popular (PP) pretende utilizar su mayoría en el Senado para forzar un cambio en el Código Penal, con el fin de abordar el problema de la okupación en el país.
Actualmente, una vez superado cierto plazo y consolidada la ocupación, los inmuebles se convierten en la dirección oficial de los ocupantes, incluso si el modo de acceso al inmueble fue ilegítimo.
Privar a los ocupantes de servicios esenciales se consideraba previamente una vulneración de sus derechos y, por tanto, un delito de coacciones. Es esto lo que el PP modificarà, arguyendo que los dueños no deben seguir sufragando las facturas.
El corte de suministros debería permitir a los propietarios recuperar sus viviendas de manera más expedita.
El PP tilda la medida de urgente y advierte de que España «tiene un problema con la okupación», señalando que las iniciativas gubernamentales siguen siendo «insuficientes» en su propuesta de ley.
Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de delitos de allanamiento: concentra el 42% del total nacional, con 7.009 incidentes en la región el año pasado.
Andalucía ocupa el segundo puesto, seguida de la Comunidad Valenciana y, posteriormente, Madrid.
Magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona se reunieron en marzo pasado para establecer criterios en casos de usurpación y confirmaron que los propietarios «no están obligados a mantener los suministros de dicho inmueble».
Según el PP, esta doctrina será ahora extendida a otras demarcaciones por los jueces.
La reforma se debatirá y votará hoy en el Senado, y, con su mayoría en la Cámara Alta, el PP confía en su aprobación; no obstante, su ratificación definitiva depende de formaciones como Junts o el PNV.
La propuesta surge tras el intento del PP de implementar una ley contra la okupación en 2024, que sigue estancada en el congreso mediante prórrogas sucesivas.
El Gobierno actual rebate las afirmaciones del PP sobre la gravedad del problema: la Ministra de Vivienda insiste en que se está exagerando la situación y que la okupación no constituye un problema nacional de envergadura.
Contrargumentando, el PP sostiene que la cuestión es apremiante y que los propietarios se ven doblemente victimizados, al no poder ni desalojar a los ocupantes ni cortarles los suministros sin ser tratados como criminales.
Por ello, acuden hoy al Senado con la esperanza de poder modificar el Código Penal.
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