En Andalucía, tanto la ciudadanía como los profesionales sanitarios manifiestan una preocupación creciente ante la aparente privatización progresiva del sistema público de salud por parte del gobierno de centroderecha de la región.
Ya sea por los recortes en los horarios de los centros de salud durante el verano, o por los cientos de millones de fondos públicos transferidos a empresas médicas privadas por la Junta de Andalucía, existe una evidencia cada vez más sólida de que las autoridades regionales están fortaleciendo la oferta privada a expensas de lo público.
En 2023, La Junta anunció un gran cambio de paradigma en el sistema sanitario regional con el objetivo de agilizar y eficientizar la contratación pública y, sobre todo, acabar con las listas de espera. Para ello, el gobierno regional lanzó contratos por valor de más de 500 millones de euros para concertar operaciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas con el sector privado.
Gran parte del proceso se retrasó debido a recursos presentados, pero la dirección parecía clara.
Recientemente, un contundente artículo del diario El País ha puesto al descubierto la realidad actual del sistema público de salud en Andalucía, señalando una lenta privatización de los servicios en la región.
“La sanidad pública andaluza ha dejado hace tiempo de ser solo un ariete de la oposición contra la mayoría absoluta del gobierno de Juanma Moreno, para convertirse en un problema tangible para todos los andaluces”, escribe Eva Saiz, “que tienen que esperar semanas para ser atendidos por su médico de familia o pediatra y hasta más de un año para ser operados”.
Los andaluces, preocupados, llevan tiempo manifestándose, pero en las últimas protestas se han unido profesionales de la salud frustrados por el deterioro de su sector y lo que Saiz denomina “la privatización progresiva aplicada por el Partido Popular desde que llegó a la Junta en 2019”.
Andalucía, tradicionalmente feudo socialista, cayó en manos del PP de centroderecha hace seis años.
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Pero en el verano de 2025, siete de cada diez centros de salud en Andalucía permanecían cerrados por las tardes. Más de 10.000 camas hospitalarias en la región estaban “inoperativas” hasta septiembre.
Y esto solo acaba de empezar. A principios de septiembre, el gobierno de Moreno lanzará finalmente dos grandes contratos con el sector privado. Este es el cambio que la Consejería regional ha intentado implementar desde que se anunció en 2023. En resumen, se trata del mayor proyecto de privatización del gobierno andaluz hasta la fecha.
En 2023, la entonces consejera de Salud, Catalina García, lo anunció con gran pompa como “un plan de choque” para reducir las listas de espera en la región, que lleva años liderando España en este aspecto.
Un total de 38 empresas privadas se beneficiarán de los contratos de externalización, encargadas de realizar procedimientos quirúrgicos con largas listas de espera en el sistema público. Estos acuerdos tendrán una duración de dos años, prorrogables.
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No obstante, como escribe Aurora Báez Boza en El Salto, estos millones se suman a “seis años de decisiones políticas y económicas que han inclinado la balanza a favor de la sanidad privada en detrimento de la pública”.
Según el informe sobre sanidad pública publicado por sindicatos y el grupo Mareas Blancas en junio de 2025, los aumentos presupuestarios terminarán en los bolsillos de la sanidad privada.
“El 48,4 por ciento del incremento presupuestario en 2025 irá a parar a empresas privadas, principalmente para intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y gasto farmacéutico”.
“En realidad, esto constituye una fuga de recursos del sistema público, no un refuerzo del mismo”, concluye el informe.
Alrededor de 57.000 andaluces han firmado una petición para que su sistema público de salud regional no sea privatizado, exigiendo un debate sobre estos cambios.
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