El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presentó un plan para erradicar la corrupción este miércoles, con el objetivo de mantener el apoyo parlamentario tras las acusaciones de malversación contra altos cargos de su partido, el PSOE. Un juez del Tribunal Supremo ordenó el mes pasado el ingreso en prisión preventiva de Santos Cerdán, exnúmero tres del partido, por presuntamente recibir y repartir comisiones a cambio de adjudicar contratos públicos.
Cerdán niega los cargos, que forman parte de una investigación más amplia que ha llevado a la oposición a pedir elecciones anticipadas, amenazando la estabilidad del Gobierno. Sánchez, secretario general del PSOE, declaró en un pleno extraordinario que había considerado dimitir brevemente, pero optó por continuar, asegurando no haber cometido ningún delito.
"Soy un político limpio, no voy a tirar la toalla", afirmó. Rechazando de nuevo los llamamientos a elecciones, anunció 15 medidas, como impedir que empresas condenadas por sobornos accedan a contratos públicos y colaborar con la OCDE para combatir la corrupción.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, exigió que Sánchez asumiera responsabilidad por los actos de su partido, revelara lo que sabe y convocara elecciones: "No solo es lo decente, sino que no tienes otra opción".
La coalición minoritaria socialista depende de aliados independentistas y de izquierda radical para legislar; de momento, estos han rechazado apoyar la moción de censura del PP.
En el último congreso del PSOE, Sánchez apartó a aliados de Cerdán de la dirección y prometió reformas para evitar la "excesiva concentración de poder" y proteger a denunciantes.
El informe anual de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en España critica la falta de una estrategia anticorrupción y el "alto riesgo" del marco legal de financiación de partidos. Estas advertencias llegan cuando el Gobierno de Sánchez enfrenta casos de corrupción, principalmente el de Cerdán, pero la crítica principal es la ausencia de un plan integral contra este problema.