Las recientes modificaciones de la administración Trump al proceso de solicitud de visados H-1B están generando preocupación entre los expertos en atención sanitaria. Muchos temen que el plan podría agravar la crisis laboral del sector y ampliar las brechas en el acceso a la atención médica.
El mes pasado, la Casa Blanca impuso una tasa de 100.000 dólares para nuevas peticiones de visado H-1B. Anteriormente, la tasa solía oscilar entre 2.000 y 5.000 dólares, dependiendo del empleador. Esta nueva tarifa se aplica únicamente a los nuevos solicitantes de visados H-1B, no a los titulares actuales cuyos empleadores buscan renovar sus visados.
El programa H-1B, establecido en 1990, fue creado para permitir a los empleadores estadounidenses contratar temporalmente a profesionales extranjeros en campos especializados como la sanidad, la tecnología y la ingeniería, para cubrir vacíos en la fuerza laboral. No obstante, la Casa Blanca alega que el programa “ha sido explotado deliberadamente para reemplazar, en lugar de complementar, a los trabajadores estadounidenses con mano de obra menos cualificada y peor pagada”.
Además de la tarifa, el plan de la Casa Blanca también pretende priorizar a trabajadores internacionales con cualificaciones superiores. La administración está estableciendo un sistema de lotería ponderado que favorece a los solicitantes de H-1B con salarios más altos, argumentando que esto protegerá a los empleados nacionales de la competencia salarial y garantizará que los visados H-1B se utilicen para cubrir puestos que requieren profesionales altamente cualificados.
Aunque estos cambios pretenden frenar el abuso del programa, la tarifa generalizada se aplica a todas las industrias y ha suscitado preocupaciones legales sobre la autoridad de la administración y su adherencia a los procedimientos de formulación de políticas. Ya se han presentado múltiples demandas para impugnar la medida.
Por ejemplo, una coalición de empleadores sanitarios, sindicatos y grupos religiosos presentó una demanda para bloquear el cambio el 3 de octubre, y un grupo de organizaciones de educación superior hizo lo mismo el 6 de octubre.
La Asociación Americana de Hospitales ha instado al Departamento de Seguridad Nacional a exentar a los profesionales sanitarios de los nuevos cambios en el visado H-1B, argumentando que estos agravarían la escasez de personal y aumentarían el desgaste profesional, especialmente en las comunidades rurales y desatendidas.
Elevados costes impuestos a proveedores que no pueden permitírselos
El sistema sanitario estadounidense depende en gran medida de trabajadores clínicos de todo el mundo. Datos de la Oficina del Censo y de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que el sector emplea aproximadamente a 262.000 médicos nacidos en el extranjero y alrededor de 500.000 enfermeros nacidos en el extranjero, aunque la gran mayoría no son titulares de visados H-1B.
La nación está complementando su fuerza laboral clínica con trabajadores internacionales a esta escala por pura necesidad. Según los datos más recientes de la Administración de Recursos y Servicios de Salud, se prevé que Estados Unidos tenga un déficit de 187.130 médicos equivalentes a tiempo completo para 2037, siendo las zonas rurales las que experimentan las carencias más graves. Para las enfermeras, las proyecciones del Centro Nacional de Análisis de la Fuerza Laboral Sanitaria indican una escasez nacional del 6% para 2037, que se eleva al 13% en las zonas no metropolitanas.
La mayoría de los clínicos nacidos en el extranjero del país no son receptores de visados H-1B; muchos de ellos tienen la tarjeta verde, utilizan otros visados temporales como los J-1 o TN, o se han naturalizado como ciudadanos estadounidenses. Durante el año fiscal 2024, solo 8.492 de las 141.205 solicitudes de visado H-1B aprobadas correspondieron a trabajadores del ámbito sanitario, y otras 8.445 de los 258.190 visados H-1B aprobados para renovaciones fueron para trabajadores de este sector, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Aún así, muchos proveedores siguen dependiendo de los trabajadores H-1B para mantener en funcionamiento servicios críticos, señaló Jimmy Lai, consejero delegado del Bufete de Abogados Lai & Turner, con sede en Oklahoma City.
A menos que el Departamento de Seguridad Nacional conceda una exención para los proveedores de atención sanitaria, la nueva tarifa expondría a estas organizaciones proveedoras a “obligaciones anuales de siete e incluso ocho cifras”, afirmó Lai.
“Para los hospitales comunitarios, las clínicas y las consultas de tamaño medio, 100.000 dólares por nueva contratación suele ser prohibitivo. Estos empleadores suelen depender de los clínicos con H-1B para cubrir carencias críticas”, declaró.
Otro abogado especializado en inmigración sanitaria, John Dawson, del bufete de Cincinnati Musillo Unkenholt, coincidió en que muy pocos proveedores sanitarios podrán o estarán dispuestos a pagar la nueva tarifa de 100.000 dólares por cada contratación H-1B.
En su lugar, los hospitales podrían verse obligados a congelar las contrataciones, aumentar los turnos del personal existente o depender más de costosas enfermeras itinerantes, o, en casos extremos, cerrar departamentos o instalaciones, explicó Dawson.
Encuentra algo de esperanza en los desafíos legales en curso para bloquear la imposición de la nueva tarifa. Las demandas cuestionan si el poder ejecutivo tiene la autoridad para instituir la tarifa sin la aprobación del Congreso, y los demandantes argumentan que el cambio viola la Ley de Procedimiento Administrativo.
Varias instituciones —incluyendo empresas de dotación de personal sanitario, sindicatos, grupos de educación superior, organizaciones sin ánimo de lucro y religiosas— han presentado demandas, y Dawson cree que podrían producirse más desafíos legales, aunque muchos están esperando una clarificación sobre las exenciones.
“Algo importante que estamos observando es que la proclamación habla de la exención por interés nacional”, comentó. “Todavía no tenemos una orientación básica del gobierno sobre cómo será eso, pero esperamos que haya una serie de ocupaciones relacionadas con la atención sanitaria que se incluyan en esa lista de exención que se apruebe.”
Hasta que la Casa Blanca aclare qué funciones cumplen los requisitos para las exenciones, los hospitales y clínicas podrían verse forzados a retrasar contrataciones o reducir servicios.
Los clínicos internacionales estabilizan a los proveedores estadounidenses
Los proveedores sanitarios dependen de los clínicos nacidos en el extranjero no solo para paliar la escasez de mano de obra, sino también para cubrir vacíos de experiencia, señaló Kara Murphy, presidenta de la empresa de dotación de personal sanitario PRS Global. Su empresa se centra en la contratación e integración internacional, principalmente de enfermeras filipinas que trabajan en hospitales estadounidenses.
Los visados H-1B cubren puestos que requieren al menos una licenciatura, y en el ámbito sanitario, los trabajadores que reciben este visado suelen ser enfermeras especializadas, médicos, científicos de laboratorio médico y terapeutas ocupacionales o físicos, explicó Murphy. Señaló que los hospitales con los que trabaja PRS Global suelen contratar personal internacional para áreas como las unidades de cuidados intensivos, los servicios de urgencias y otros departamentos que utilizan personal flotante para ayudar con las carencias.
Murphy señaló que los hospitales a menudo necesitan las contrataciones internacionales para orientar a los nuevos graduados nacionales, y explicó que contar con estos clínicos experimentados en quienes apoyarse puede ayudar a reducir el desgaste profesional.
“En los hospitales [con los que trabajamos], a medida que incorporan enfermeras internacionales, éstas se convierten rápidamente en preceptoras. Esto es fundamental para la formación de las nuevas generaciones de enfermeras estadounidenses”, afirmó.
Murphy explicó que, al final, esto termina apoyando a los nuevos graduados para aumentar la retención.
Los hospitales enfrentan altas tasas de rotación entre las enfermeras recién licenciadas —aproximadamente el 30% abandona durante su primer año— debido al aumento del agotamiento profesional y la violencia dentro de las unidades hospitalarias, agregó.
Una enfermera filipina reclutada a través de PRS Global —quien habló de forma anónima por la sensibilidad de los actuales temas migratorios— comentó que sabe por experiencia propia que los hospitales rurales tendrán dificultades para cubrir turnos si se reduce el flujo de trabajadores nacidos en el extranjero.
En el hospital rural de Misuri donde trabaja, aproximadamente el 30% del personal de enfermería proviene del extranjero, afirmó.
“Sin las enfermeras internacionales, la escasez de personal empeoraría rápidamente. Esto conduciría a un mayor agotamiento entre el personal restante, lo que podría afectar la seguridad y la satisfacción de los pacientes”, declaró.
Posible desaceleración de la innovación
Además de tener un impacto negativo en la fuerza laboral clínica del país, la nueva tarifa para la visa H1-B también podría relentizar el ritmo de innovación en el sector sanitario nacional.
Aproximadamente un 65% de los titulares de visa H-1B trabajan en el sector tecnológico, el cual tiene a menudo una superposición significativa con las industrias de salud digital, dispositivos médicos y farmacéutica. La mayoría de estos trabajadores H-1B proceden de la India.
Hacer más difícil que los extranjeros trabajen en el sector tecnológico podría interrumpir la velocidad de innovación en la asistencia sanitaria —incluyendo el desarrollo de nuevos fármacos, dispositivos médicos y herramientas de IA sanitaria— porque una parte significativa de la fuerza laboral que impulsa esta I+D está compuesta por talento inmigrante, señaló Sujay Saha. Hace veinte años, él llegó a EE. UU. desde la India con una visa H-1B para trabajar como consultor de TI, y actualmente es presidente de Cortico-X, una firma de consultoría empresarial.
“Estados Unidos va a perder parte de su ventaja, por así decirlo, en el ámbito de la tecnología sanitaria y la innovación en salud”, comentó Saha.
A largo plazo, las empresas estadounidenses podrían responder a la nueva tarifa estableciendo centros de innovación satélite en el extranjero si los costos para traer trabajadores internacionales a EE. UU. se vuelven demasiado prohibitivos, añadió.
Hasta que la administración Trump aclare las exenciones o el Congreso intervenga, el impacto de estos cambios aún no está claro. Pero sin una guía clara, las presiones combinadas de la escasez de personal y la desaceleración de la innovación podrían extenderse por el sistema sanitario de EE. UU. durante los próximos años.
Foto: Evgenia Parajanian, Getty Images