El Ayuntamiento de Fuengirola ha adoptado medidas drásticas para abordar los niveles excesivamente altos de absentismo laboral en sus puestos públicos mediante la contratación de una firma de investigaciones privadas.
Inicialmente, la institución negó los rumores sobre esta decisión, pero diversas fuentes han confirmado que la contratación ya se ha efectuado. La medida pretende verificar si las causas de las ausencias del personal son legítimas, tras detectarse índices elevados de trabajadores “de baja” en ciertos servicios municipales.
El contrato, adjudicado a Themis Investigaciones Privadas por un monto de quince mil euros tras ser licitado a principios de agosto, tendrá una vigencia de un año. Según consta en documentos oficiales, la iniciativa busca atajar tasas de absentismo “muy superiores a la media nacional”, especialmente en departamentos como Servicios Operativos y Limpieza, donde se han registrado niveles de ausencia que en ocasiones rondan el 10%. El Consistorio califica la medida de “excepcional” y no prevé reiterarla a corto plazo.
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Investigadores privados vigilán los domicilios de empleados de baja en Fuengirola
En virtud del contrato, los investigadores realizarán vigilancia a partir de los domicilios de los empleados u otros lugares de frecuentación habitual, con el fin de determinar si realizan actividades incompatibles con la incapacidad temporal o capacidad limitada que alegan. Esto incluye observar si llevan a cabo acciones como caminar, cargar peso, movilizar extremidades o tronco, conducir vehículos o realizar trabajos para sí mismos o terceros. La vigilancia deberá prolongarse un mínimo de tres días para poder fundamentar hallazgos, pudiendo extenderse a petición del Ayuntamiento.
El Consistorio defiende que el plan es “totalmente legal”, respaldado por informes favorables del departamento responsable, asesoría jurídica y servicio de contratación. Según rumores internos, no sería la primera vez que el gobierno local recurre a este tipo de acciones.
No obstante, los sindicatos de empleados públicos han mostrado su indignación, tachando la medida de “excesiva, desproporcionada y criminalizadora hacia los trabajadores”.
La Junta tiene investigadores privados vigilando a empleados de las ITV
La actuación de Fuengirola coincide en el tiempo con una iniciativa similar de la Junta de Andalucía a través de VEIASA, entidad gestora de las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV). VEIASA ha contratado servicios de investigación privada por 242.000 euros para un plazo de 48 meses, con el objetivo de monitorizar posibles bajas fraudulentas entre su plantilla.
Ambos casos ejemplifican una tendencia creciente entre las administraciones públicas españolas de recurrir a detectives privados para contener los niveles de absentismo, lo que plantea interrogantes sobre la confianza en el ámbito laboral y la privacidad de los empleados.