Si piensas comprar una propiedad en España para alquilarla a turistas cuando no la uses, hay cada vez más indicios de que las autoridades españolas centrarán sus esfuerzos en limitar los pisos turísticos en ciudades, mientras que dejarán más margen a los alquileres vacacionales en pueblos.
En medio de protestas y creciente tensión social, el gobierno español ha intentado en los últimos años frenar la expansión del alojamiento turístico a corto plazo en las ciudades.
A partir del 1 de julio de 2025, todos los propietarios que quieran alquilar sus inmuebles como viviendas turísticas o estacionales en España deberán haberse registrado en el Registro Único de Alquiler Turístico; de lo contrario, tendrán que retirar sus anuncios de plataformas como Airbnb, Idealista o Booking.com.
Sin embargo, el sector del turismo rural recibió con alivio una noticia que podría marcar un punto de inflexión en la industria y proporcionar ingresos sostenibles a pueblos pequeños de todo el país.
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El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana confirmó a la Asociación Española de Turismo Rural (ASETUR) que los alojamientos turísticos rurales ya inscritos correctamente en los registros autonómicos quedarán excluidos del nuevo registro estatal.
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La situación en grandes destinos turísticos como Barcelona o las Islas Baleares es muy distinta a la de zonas rurales menos conocidas.
En muchos pueblos pequeños, propiedades turísticas alquiladas en temporadas concretas pueden generar ingresos y empleo para los locales sin alterar el mercado inmobiliario, como sí ocurre en las ciudades.
Airbnb, convertido en el villano de las protestas antiturismo en España, ha defendido el potencial de los alquileres vacacionales para impulsar el turismo y revitalizar economías locales en zonas rurales.
Un informe encargado por la plataforma a Afi reveló que estos alquileres aportaron 5.563 millones de euros a negocios rurales en 2024.
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El año pasado, 13 millones de turistas visitaron municipios españoles con menos de 10.000 habitantes, alojándose principalmente en viviendas turísticas.
De los más de 5 mil millones que gastaron, menos de la mitad fue a alojamiento, mientras que 3.200 millones beneficiaron a restaurantes, bares, tiendas, museos y empresas de ocio y cultura.
Esto no solo se traduce en dinero, sino también en empleo. El estudio destacó que este flujo turístico incrementa un 4% el empleo local en sectores como hostelería (+5%) y comercio (+3%), subrayando la necesidad de matizar al regular el mercado turístico.
Airbnb ha respondido a las restricciones pidiendo mayor flexibilidad, alegando que la mayoría de propietarios solo tiene una vivienda.
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Tras la exención, el único requisito para propiedades rurales será incluir su código de registro autonómico en las plataformas donde se anuncien.
Como informó The Local, el nuevo registro ha sido una pesadilla burocrática para muchos. El último día, solo se habían registrado 215.438 de las 368.295 viviendas que el INE identifica como alquileres temporales.
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Los dueños rurales ya no deben preocuparse. “El alojamiento rural regulado y registrado en los registros autonómicos no se considera vivienda vacacional ni alquiler ocasional, por lo que no está sujeto al nuevo trámite estatal”, declaró ASETUR.
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