Una modificación en la normativa de los títulos universitarios en la región española de Andalucía implica que los profesores de inglés y otros idiomas pueden anticipar un incremento sustancial de la demanda en los próximos años.
El cambio legislativo en el sistema educativo andaluz significa que los docentes de lenguas extranjeras en el sur de España podrían disponer de mucha más carga laboral en breve.
El miércoles, el parlamento regional aprobó la nueva Ley Universitaria de Andalucía (LUPA), que sustituye el marco legal vigente desde 2013 y que, entre otras medidas, reconoce por primera vez por ley el derecho del alumnado a acceder a un sistema de bonificaciones en las tasas académicas.
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La Junta de Andalucía pretende “modernizar” y “hacer más competitivas las universidades andaluzas” con estas reformas.
De manera crucial para estudiantes y profesores de idiomas, se incluye un nuevo requisito de nivel B2 en una lengua extranjera para la obtención de un título universitario oficial y para el acceso del personal docente a las categorías de profesor ayudante y profesor contratado doctor.
Hasta ahora, para obtener un grado universitario en Andalucía era obligatorio acreditar un nivel B1 en un idioma extranjero.
No obstante, según el medio local El Correo de Andalucía, en instituciones como la Universidad de Sevilla aún hay centenares de estudiantes que no pueden graduarse por carecer de la acreditación B1 en ningún idioma foráneo.
La nueva medida del B2 entrará en vigor el 1 de octubre de 2029, por lo que la primera promoción afectada será la del alumnado nacido en 2011, que actualmente cursa tercero de la ESO.
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Los informes apuntan a que podrían incorporarse más lenguas extranjeras a los planes de estudio en el futuro, aunque es probable que muchos estudiantes recurran a clases particulares para reforzar su nivel.
El diputado del Partido Popular José Carlos García explicó que se trata de una ley hecha para los estudiantes y la defendió porque “avanza aún más en los programas de apoyo para alcanzar el nivel B2”.
El requisito del B1 se introdujo de forma gradual en Andalucía a partir de 2010.
Un esquema similar se implantó en Cataluña en 2013, pero posteriormente fué revertido por el gobierno autonómico, que delegó los requisitos lingüísticos en las universidades.
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